La Secretaría de Gobernación publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación el protocolo nacional para la activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El documento establece que la alerta será enviada de manera inmediata, automatizada y simultánea a todas las instancias competentes, y permanecerá activa indefinidamente hasta la localización confirmada de la persona. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) será la encargada de emitir la Ficha de Búsqueda, que incluirá datos esenciales como nombre completo, edad, sexo y género, fotografía reciente, fecha y lugar de desaparición, señas particulares, rasgos físicos distintivos, condición de vulnerabilidad, datos de contacto y un Folio Único de Identificación. Los reportes podrán realizarse vía portal web, WhatsApp o teléfono. En caso de no contar con los elementos mínimos que marca la Ley General, no se generará ficha ni alertamiento. Si no existe carpeta de investigación, se pedirá al denunciante acudir a la fiscalía correspondiente, aunque la CNB remitirá el reporte para su actualización. Las fiscalías deberán abrir expediente, habilitar un correo específico y realizar búsquedas en sus bases de datos, además de solicitar colaboración a instituciones como hospitales, Cruz Roja, centros de rehabilitación y otras instancias. Paralelamente, se coordinarán con Comisiones Locales de Búsqueda y activarán protocolos como Alba, Alerta AMBER y la Ficha Amarilla de INTERPOL. Te puede interesar: En el 8M, visibilizarán a mujeres desaparecidas en el Zócalo de Puebla En casos de migrantes extranjeros, se pedirá apoyo al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Asimismo, las Comisiones de Búsqueda difundirán las fichas en ayuntamientos, sectores privados y sociales, incluyendo colectivos de familias de personas desaparecidas, con el objetivo de fortalecer la difusión masiva. La información será compartida públicamente a nivel nacional por todos los medios disponibles, salvo que exista una causa razonable para no hacerlo. El protocolo contempla la participación de empresas de telecomunicaciones, instituciones financieras, transportes terrestres, aéreos y marítimos, restaurantes, tiendas de conveniencia, cadenas de autoservicio, sistemas de salud y centros privados de rehabilitación. Se advierte que los servidores públicos y particulares que incumplan con las obligaciones serán sancionados conforme a la ley. Finalmente, el protocolo será evaluado de manera semestral por la CNB, con participación de familias de personas desaparecidas. |