En el contexto de la discusión sobre una posible reforma electoral en México, el abogado constitucionalista Jacinto Herrera Serrallonga señaló que cualquier reducción al financiamiento público de los partidos políticos debe ir acompañada necesariamente de un fortalecimiento en los mecanismos de fiscalización. También puedes leer: Desde Puebla, Monreal admite falta de votos para aprobar reforma electoral Durante una entrevista en el programa Sentido Común de El Popular, Periodismo con Causa, Herrera explicó que el sistema electoral mexicano funciona a partir de recursos públicos destinados tanto a las autoridades electorales como a los partidos políticos, por lo que modificar ese esquema requiere ajustes paralelos. “No puedes reducir financiamiento a los partidos sin tocar la fiscalización”, afirmó, al señalar que si se considera insuficiente el control sobre el uso del dinero público en campañas, entonces deben reforzarse los mecanismos de supervisión. El especialista explicó que el financiamiento público tiene como objetivo evitar que el dinero privado determine los resultados electorales. No obstante, reconoció que organizar elecciones en México implica costos elevados.
Según relató a partir de su experiencia como presidente del instituto electoral local en Puebla, el presupuesto electoral incluye gastos operativos, logística, sistemas informáticos y financiamiento partidista. “Gran parte del presupuesto que recibe un organismo electoral se destina al financiamiento público de los partidos”, indicó. En ese contexto, consideró que una reducción de gastos puede plantearse siempre que no comprometa la certeza electoral y se acompañe de mejores mecanismos de fiscalización. El papel de los organismos electorales localesOtro de los temas abordados fue el papel de los Organismos Públicos Locales Electorales, conocidos como OPLES, cuya eventual desaparición ha sido mencionada en el debate público. Herrera sostuvo que estos organismos son fundamentales para la organización de elecciones en los estados y municipios.
De acuerdo con el especialista, centralizar toda la organización electoral en una sola autoridad federal sería complicado desde el punto de vista operativo. “No puede estar todo concentrado en lo federal”, señaló, al advertir que trasladar todas las tareas al Instituto Nacional Electoral podría entorpecer la organización de los procesos electorales locales. En la entrevista, Herrera también explicó que la iniciativa de reforma electoral actualmente en discusión surge desde el Poder Ejecutivo federal, que instaló una comisión para recoger opiniones sobre posibles cambios al sistema. “La propone el gobierno… en este caso es el Ejecutivo que trae la propuesta”, señaló. Según relató, en las audiencias convocadas participaron consejeros electorales, magistrados, académicos y especialistas. “Más que del pueblo, yo pensaría que se recabaron opiniones de expertos”, comentó. El constitucionalista explicó que las reformas electorales en México suelen surgir como parte de un proceso evolutivo del sistema político, citando antecedentes como las reformas de 1977, la creación del IFE en los años noventa y los cambios de 2014 que fortalecieron la coordinación entre autoridades electorales federales y locales. “Cada siete o diez años hay una reforma electoral”, afirmó. También puedes leer: Se acerca la inminente Reforma Electoral El gran debate sobre las plurinominales, la clave de la ReformaOtro de los temas presentes en el debate es la posible reducción de los legisladores de representación proporcional, conocidos como plurinominales. Herrera explicó que su función original es garantizar representación política a las minorías. “Los plurinominales existen para que las minorías tengan representación en las cámaras”, indicó. El especialista explicó que una eventual reducción de estos escaños no necesariamente eliminaría esa representación si se mantiene la fórmula actual de asignación.
También mencionó que se ha planteado revisar el mecanismo mediante el cual se integran las listas de representación proporcional, ya que actualmente muchos de los candidatos incluidos en ellas no realizan campaña. Voto obligatorio y participación ciudadanaFinalmente, durante la conversación se abordó la posibilidad de establecer el voto obligatorio como una forma de aumentar la participación electoral. Herrera señaló que la idea presenta dificultades prácticas, principalmente en cuanto a la forma de hacer cumplir esa obligación.
En su opinión, el reto principal no es imponer sanciones por no votar, sino facilitar mecanismos para que las personas puedan participar. Entre las alternativas mencionó la posibilidad de implementar herramientas tecnológicas, como el voto electrónico, así como fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y cultura cívica. “El reto es que la gente participe y tenga herramientas para hacerlo”, concluyó. |