La Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto de declaratoria de reforma constitucional del llamado Plan B a la Reforma Electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La aprobación en lo particular se dio tras un debate de más de 16 horas, con 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención. La iniciativa obtuvo el respaldo de 19 legislaturas estatales, requisito necesario para su avance, por lo que fue remitida al Senado de la República para su declaratoria formal y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Te puede interesar: Congreso de Puebla avala Plan B de la Reforma Electoral La reforma modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política. Entre los cambios, se establece que los municipios serán gobernados por ayuntamientos con un presidente o presidenta municipal, sindicatura y hasta 15 regidurías, bajo principios de paridad de género e igualdad sustantiva. También se fija que el presupuesto de los congresos locales no podrá exceder el 0.70 por ciento del gasto estatal. Asimismo, se determinó que las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales, tanto federales como locales, no podrán superar los límites establecidos en la Constitución. 
Estas medidas forman parte de un paquete de ajustes que incluye la eliminación de la reelección, la prohibición del nepotismo, la reducción de regidores y la disminución de salarios y beneficios en órganos electorales. Morena, PT y PVEM respaldaron la iniciativa, mientras que PAN, PRI y MC votaron en contra. Durante la discusión, se rompió un acuerdo previo que limitaba la participación a 30 oradores, lo que extendió la sesión a más de 100 intervenciones. El debate estuvo marcado por confrontaciones entre bancadas, con acusaciones y descalificaciones entre legisladores de distintos partidos. También se registraron incidentes en tribuna en medio de un ambiente de tensión durante la sesión. En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con 423 votos a favor y 37 en contra, para ampliar facultades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en proyectos de obras públicas, incluidas las relacionadas con servicios de salud.
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