Puebla se mantiene entre las regiones con mayores rezagos en infraestructura y servicios básicos dentro del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PNOTDU) 2026–2030, publicado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el cual ubica a la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala como un punto crítico frente al crecimiento urbano y la demanda de servicios. De acuerdo con el diagnóstico oficial, más del 25% de la población en esta zona enfrenta niveles altos y muy altos de rezago en cobertura de servicios e infraestructura. Este escenario se presenta ante un proceso de expansión urbana que implica la ocupación de suelos agrícolas y áreas ambientalmente sensibles, lo que incrementa la presión sobre los servicios existentes. 
El documento federal advirtió que Puebla forma parte del llamado “corredor centro”, junto con Ciudad de México, Toluca, Querétaro y San Luis Potosí, donde se proyecta un crecimiento acumulado de más de 6 millones de personas entre 2020 y 2030. Este incremento representa una presión adicional para la provisión de vivienda, transporte y servicios públicos, así como para la contención de asentamientos irregulares. En materia ambiental, el programa establece como línea prioritaria el acompañamiento federal para el saneamiento del río Atoyac, identificado entre los más contaminados del país. Esta acción se vincula con la necesidad de fortalecer los procesos de ordenamiento territorial y gestión del agua en la región. Te puede interesar: Zona metropolitana de 3.2 millones carece de proyección de agua y complica planeación hídrica Respecto a la certeza jurídica del suelo, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) reportó la firma de convenios con municipios poblanos para mejorar la coordinación entre catastros y registros públicos, con el objetivo de avanzar en la regularización de predios y la entrega de escrituras. A nivel nacional, el PNOTDU señala que 8.97 millones de viviendas (24.3%) presentan algún tipo de rezago habitacional, mientras que entre 7 y 7.5 millones de predios se mantienen en condición irregular. En paralelo, el documento advierte sobre una desigualdad hídrica, donde el centro y norte del país concentran al 77% de la población, pero disponen de solo el 32% del agua disponible. El programa también identifica que 55.7% de los municipios carece de un Atlas de Riesgos actualizado, lo que limita la capacidad de prevención ante desastres. Bajo este contexto, se estima que, de no aplicarse medidas de mitigación, las pérdidas por inundaciones podrían alcanzar hasta 116 mil millones de dólares anuales hacia 2080. En el ámbito urbano, el diagnóstico incorpora el impacto del modelo turístico y de plataformas digitales en procesos de gentrificación, señalando que en algunas zonas hasta el 20% de la vivienda se destina a rentas de corta estancia, lo que incide en el costo de vida y en la disponibilidad de vivienda para residentes.
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