Lunes 20 Abril 2026

A través de redes sociales, pobladores del municipio de Acatlán de Osorio difundieron una denuncia ciudadana en la que exponen una serie de presuntos hechos relacionados con la gobernabilidad, seguridad y legalidad en la demarcación, por lo que hicieron un llamado a autoridades federales y estatales para atender la situación.

En el documento, atribuido a la denominada “Ciudadanía Organizada de Acatlán de Osorio”, se señalan presuntas irregularidades que, según los denunciantes, involucran a la presidenta municipal, Guadalupe Lucero Bárcenas, así como a elementos de seguridad bajo su mando.

Entre los puntos expuestos, mencionaron la supuesta instalación de retenes arbitrarios, donde —de acuerdo con la denuncia— se asegurarían motocicletas y vehículos particulares sin justificación, los cuales serían trasladados a corralones privados.

En la denuncia difundida en redes sociales, la presidenta municipal es señalada por presuntos retenes ilegales, extorsión, abuso de autoridad y el uso de vehículos sin placas, entre otros señalamientos.

Asimismo, comerciantes locales habrían denunciado presuntos cobros de “derecho de piso”, lo que, según el documento, impacta en la economía de las familias de la región.

En materia de seguridad, los pobladores refieren posibles detenciones arbitrarias de jóvenes, quienes —señalan— habrían sido objeto de agresiones físicas y despojo de pertenencias por parte de elementos policiales.

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La denuncia también hace referencia al presunto uso de vehículos sin placas por parte de la alcaldesa para su movilidad, así como a la existencia de una denuncia penal vigente relacionada con un supuesto intento de homicidio en agravio de una ciudadana identificada como Marlen Paz.

De igual forma, el documento incluye señalamientos sobre posibles conductas indebidas por parte de funcionarios y mandos de seguridad durante horas de servicio, sin que en la publicación se adjunten pruebas.

Los ciudadanos firmantes solicitaron la intervención de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General del Estado de Puebla para que se trabaje en las carpetas de investigación correspondientes, al señalar que estas no habrían avanzado.