La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que su gobierno no permitirá la intromisión de países extranjeros en asuntos de seguridad nacional y reiteró que México mantendrá una relación de igualdad con otras naciones, sin subordinación. Señaló que su gobierno ya inició las investigaciones correspondientes sobre dos temas de interés para las autoridades: el caso de los agentes estadounidenses muertos en Chihuahua, así como la solicitud del gobierno de Estados Unidos respecto a funcionarios mexicanos. Durante su conferencia matutina, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya analiza diversas solicitudes y acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado de funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como un senador y el alcalde de Culiacán. Te puede interesar: EE.UU. acusa a gobernador de Sinaloa y a 9 funcionarios por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa Al dar lectura a su pronunciamiento, explicó que el 28 de abril por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió 10 documentos con solicitudes de detención provisional con fines de extradición para ciudadanos mexicanos. Un día después, el 29 de abril, dicha información fue turnada a la FGR para su revisión conforme al marco legal vigente. Ese mismo día, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para el Distrito Sur de Nueva York, hizo público un documento en el que se presentaron cargos contra 10 ciudadanos mexicanos, lo que generó un extrañamiento por parte del área jurídica de la SRE, al considerar que estos procesos deben mantenerse bajo confidencialidad según tratados internacionales. La FGR respondió que, a través de su Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, evaluará la documentación para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen acciones legales. Asimismo, abrió una investigación paralela para recabar información adicional y verificar la solidez de las acusaciones. Resaltó que, conforme a la legislación mexicana, toda solicitud de orden de aprehensión debe sustentarse en datos de prueba que permitan inferir la posible comisión de un delito. Sheinbaum subrayó que, en caso de que existan pruebas “contundentes e irrefutables”, las autoridades mexicanas actuarán conforme a derecho, sin importar de quién se trate. Sin embargo, advirtió que, si no existen elementos suficientes, podría tratarse de imputaciones con motivación política.
Reiteró que la postura de su administración se basa en tres principios: “verdad, justicia y defensa de la soberanía”, y sostuvo que no se protegerá a nadie que haya cometido un delito, pero tampoco se aceptará injerencia extranjera en decisiones internas. |