Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inválida una parte del artículo 24 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, organizaciones civiles solicitaron al máximo tribunal eliminar por completo las disposiciones que obligan a personas solicitantes de asilo a permanecer en el estado donde iniciaron su trámite y presentarse semanalmente ante autoridades migratorias. A través de un posicionamiento público, las asociaciones señalaron que las restricciones continúan representando una carga “excesiva y discriminatoria” para personas refugiadas y solicitantes de protección internacional en México. Las organizaciones advirtieron que dichas medidas afectan a personas que huyeron de contextos de violencia, persecución o amenazas en sus países de origen, al limitar su movilidad y dificultar su acceso a empleo, vivienda y redes de apoyo en otras entidades del país. El caso es analizado actualmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro del Amparo en Revisión 429/2025, promovido por el Instituto Federal de Defensoría Pública en abril de 2025 y pendiente de resolución desde enero de 2026. 
Las asociaciones sostuvieron que el artículo impone obligaciones desproporcionadas al exigir presentaciones semanales ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y mantener a las personas solicitantes en una sola entidad federativa, bajo el riesgo de perder automáticamente su trámite en caso de incumplimiento. También argumentaron que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados carece de facultades de vigilancia migratoria y que las personas solicitantes ya cuentan con estancia regular mediante la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, por lo que consideraron injustificada la medida. Te puede interesar: SCJN invalida delito de Ciberasedio en Puebla por vulnerar libertad de expresión En el documento, las organizaciones remarcaron que el reconocimiento de la condición de refugiado debe entenderse como un mecanismo de protección internacional y no como una herramienta de control migratorio, por lo que pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantizar que los procedimientos puedan continuarse desde cualquier parte del país. Entre las agrupaciones firmantes se encuentran Asylum Access México, Instituto para las Mujeres en la Migración, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, Sin Fronteras, Servicio Jesuita a Refugiados, Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Red por los Derechos de la Infancia en México.
|