Autoridades estatales ya brindan atención al estudiante del Bachillerato José Vasconcelos, ubicado en el municipio de Atlixco, que resultó lesionado tras una agresión ocurrida dentro del plantel el pasado martes. A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación señaló que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI) y la Dirección de Diversidad establecieron contacto con la familia desde que tuvieron conocimiento de los hechos para ofrecer acompañamiento jurídico, psicológico e institucional. Te puede interesar: Bullying en Puebla: ¿son suficientes los protocolos y las leyes contra la violencia estudiantil? De acuerdo con la información oficial, el estudiante fue agredido presuntamente por un joven ajeno a la institución que ingresó al plantel. A consecuencia del ataque sufrió lesiones en la cabeza y fue trasladado inicialmente al Hospital General de Zona del IMSS en Metepec, donde su estado de salud fue reportado como grave. Posteriormente, en coordinación con la Secretaría de Salud, el joven fue trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla para recibir atención especializada. El reporte médico más reciente indica que su estado es estable, aunque permanecerá bajo observación para dar seguimiento a su evolución. El caso provocó inconformidad entre madres y padres de familia, quienes el miércoles tomaron las instalaciones del bachillerato para exigir justicia y mayores medidas de seguridad. Los manifestantes denunciaron presuntas omisiones de directivos y docentes ante situaciones de violencia escolar que, aseguraron, habían sido reportadas previamente.
Además, señalaron que el estudiante habría sido víctima de bullying, discriminación y agresiones recurrentes dentro de la institución, sin que se implementaran acciones efectivas para garantizar su seguridad. Tras una reunión con autoridades educativas, se acordó separar provisionalmente de su cargo a la directora del plantel, Soledad Vázquez Castillo, mientras se realiza una investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades. Pese a este acuerdo, los padres de familia advirtieron que mantendrían sus exigencias hasta conocer los resultados de las investigaciones y las medidas que se aplicarán para proteger a la comunidad estudiantil.
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