La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla es la institución con la estructura organizacional más centralizada entre las fiscalías estatales analizadas por la organización México Evalúa, al concentrar 40 unidades administrativas bajo el mando directo de la fiscal general Idamis Pastor Betancourt. De acuerdo con el estudio “Radiografía de las Fiscalías en México”, el número de áreas que reportan directamente a la titular de la institución supera por más del doble el promedio registrado entre las diez entidades evaluadas, que es de 19.2 unidades administrativas. 
Para dimensionar el nivel de concentración, otras fiscalías operan con estructuras menos centralizadas, como Aguascalientes, con 12 áreas bajo mando directo; Estado de México, con 16; y Zacatecas, con 15. Según el informe, este tipo de esquemas puede generar dificultades en la supervisión institucional y concentrar la toma de decisiones en una sola oficina, por lo que la organización recomienda fortalecer las vicefiscalías, crear mandos intermedios con capacidad operativa y distribuir responsabilidades estratégicas dentro de las instituciones de procuración de justicia. Te puede interesar: Puebla reduce impunidad, pero arrastra debilidad en litigios y baja confianza en jueces Investigaciones sin imputados y ausencia de archivo temporalEl análisis también identificó particularidades en el desempeño de la Fiscalía de Puebla respecto al manejo de las carpetas de investigación. Entre las indagatorias iniciadas por la institución, cerca del 63 por ciento permanecieron sin personas imputadas, es decir, sin que se presentara a algún probable responsable ante un juez. 
Asimismo, Puebla fue la única de las fiscalías evaluadas que no reportó el uso de la figura de archivo temporal en sus investigaciones. México Evalúa señaló que esta situación abre interrogantes sobre los criterios utilizados para clasificar los expedientes y sobre la posible acumulación de rezagos en otras etapas del proceso. El organismo explicó que el uso excesivo del archivo temporal también representa riesgos para la procuración de justicia, ya que puede derivar en la prescripción de delitos. En contraste, las entidades que más recurrieron a este mecanismo fueron Jalisco, donde se aplicó en casi el 76 por ciento de las investigaciones; Oaxaca, con más del 74 por ciento; y la Ciudad de México, con casi el 57 por ciento. Rezago nacional en fiscalíasA nivel nacional, el estudio documentó que las fiscalías estatales enfrentan desafíos relacionados con la acumulación de expedientes, la percepción ciudadana sobre corrupción y el limitado uso de mecanismos alternativos para la solución de controversias. Entre los hallazgos destaca la existencia de más de 2.6 millones de expedientes pendientes en el país, así como diferencias significativas en la organización y desempeño de las instituciones encargadas de la procuración de justicia. |