La alcaldía de Acatlán de Osorio fue reabierta la mañana de este miércoles luego de permanecer ocupada durante dos días por manifestantes y miembros del Cabildo que exigen la revocación de mandato de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas. Para recuperar el inmueble intervino el grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que desplegó elementos estatales en la zona y retomó el control del edificio sin que se reportaran enfrentamientos. Te puede interesar: Crece repudio contra Guadalupé Bárcenas; inconformes rechazan diálogo en Puebla Las personas que mantenían el plantón se retiraron temporalmente del lugar y, al regresar, encontraron el Palacio Municipal resguardado por policías estatales. Hasta el mediodía continuaba la presencia de elementos de seguridad en el centro del municipio. La reapertura de las instalaciones ocurrió en medio de un conflicto que involucra a siete regidores y al síndico municipal, quienes se pronunciaron en contra de la gestión de la presidenta municipal y han respaldado las protestas ciudadanas. Previamente, la Secretaría de Gobernación estatal (Segob) informó que una comisión enviada a Acatlán para mediar en el conflicto esperó durante casi ocho horas la llegada de los integrantes del Cabildo para sostener una mesa de diálogo previamente acordada. Sin embargo, los funcionarios municipales no acudieron al encuentro.  Los regidores rechazaron participar en la reunión al considerar que cualquier negociación debe realizarse en la propia alcaldía, de manera pública y con conocimiento de la ciudadanía. Tras el desalojo, las y los regidores cuestionaron el uso de la fuerza pública para recuperar la sede municipal y aseguraron que no ha existido una mesa de negociación directa con Guadalupe Lucero Bárcenas.
También puedes leer: Por órden de exsecretario de seguridad, policías de Acatlán golpean a maestra que exigía renuncia de alcaldesa En tanto, el gobernador Alejandro Armenta Mier calificó como "delicada" la situación que enfrenta el municipio, razón por la que no se puede proceder a la revocación de la alcaldesa. Señaló que existe una investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre presuntos vínculos de grupos delictivos que operan en los límites entre Puebla y Oaxaca. El mandatario afirmó que el conflicto rebasa las diferencias políticas con la alcaldesa y tiene implicaciones en materia de seguridad. Sus declaraciones se producen después de que Guadalupe Bárcenas denunciara públicamente una presunta intervención del crimen organizado en asuntos relacionados con la administración municipal y la seguridad de la demarcación.
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