La dirigencia nacional de Morena y sus grupos parlamentarios en el Senado y la Cámara de Diputados se deslindaron de la decisión de Rubén Rocha Moya de regresar a la gubernatura de Sinaloa y algunos legisladores le pidieron reconsiderar su regreso y solicitar nuevamente licencia. A la postura también se sumaron 23 gobernadorxs morenistas, quienes cuestionaron que el mandatario retomara el cargo de manera unilateral. Te puede interesar: Rubén Rocha Moya retoma gubernatura de Sinaloa tras absolución de la FGR En un breve comunicado, la dirigencia nacional de Morena informó que no tuvo conocimiento previo de la reincorporación de Rocha Moya y calificó la decisión como personal y unilateral, por lo que se deslindó de ella. El partido recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) y otras autoridades mantienen investigaciones abiertas relacionadas con las acusaciones surgidas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara al gobernador por presuntos hechos delictivos. Morena señaló que respetará el Estado de derecho, el debido proceso y el resultado de las investigaciones, además de mantener como principios la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a las instituciones. En paralelo, 23 gobernadorxs morenistas, entre ellos el mandatario poblano Alejandro Armenta Mier, firmaron un posicionamiento en el que cuestionaron el regreso de Rocha Moya. En el documento señalaron que las decisiones individuales no deben estar por encima del proyecto colectivo y llamaron al gobernador a actuar con “madurez y responsabilidad”.
Por su parte, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República sostuvo que la reincorporación de Rocha Moya responde a un acto personal, de la misma forma en que solicitó licencia, y señaló que corresponde a las autoridades de procuración de justicia desarrollar las investigaciones conforme a derecho. En la Cámara de Diputados, los legisladores fueron más allá y exhortaron a Rocha Moya a reconsiderar su decisión y solicitar licencia nuevamente.  Argumentaron que esto permitiría a la FGR y a las autoridades competentes continuar las investigaciones con autonomía y evitar cualquier elemento que pudiera poner en duda su imparcialidad. Los diputados señalaron que una licencia “no implica prejuzgar ni constituye reconocimiento de responsabilidad”, sino que, ante las circunstancias actuales, representaría una decisión de responsabilidad institucional.
|