Coadyuvarán con las autoridades para una resolución pronta para la restitución de predios invadidos a sus legítimos propietarios
La Fundación Julita y Antonio y la Asociación para la Defensa y Apoyo al Gremio Inmobiliario (ADAGI) advirtieron que en el estado de Puebla se está agravando la invasión de predios como método para cometer fraudes inmobiliarios. En una rueda de prensa conjunta, Carolina León Soriano, presidenta de la ADAGI, y Jesús González Schmal, apoderado legal de la Fundación Julita y Antonio, señalaron que es urgente la intervención de las autoridades estatales y municipales para frenar estas prácticas, que buscan aprovecharse de la buena voluntad de personas que desean adquirir un patrimonio. González Schmal recordó el caso de los terrenos de la exhacienda La Covadonga, donde hace dos años grupos de choque invadieron más de 10 hectáreas, las dividieron en al menos 400 lotes y actualmente los ofrecen en venta por más de 200 mil pesos, a través de mensualidades accesibles. 
Sin embargo, explicó que las personas compradoras —muchas de ellas de escasos recursos— nunca podrán escriturar dichos terrenos, por lo cual perderán el dinero invertido. Frente a esta situación, González Schmal subrayó la importancia de trabajar en alianza con la ADAGI para orientar a la ciudadanía y prevenir que caigan en manos de defraudadores inmobiliarios. Además, denunció que recientemente se evidenció la posible participación de la empresa Agua Inmaculada en la invasión ilegal de parte del terreno de la exhacienda, pues existe evidencia fotográfica donde dicha purificadora de agua anuncia que el terreno es de su propiedad. Por su parte, Carolina León hizo un llamado urgente al Congreso de Puebla para que apruebe la Ley Inmobiliaria, actualmente en proceso de análisis, la cual busca regular al gremio inmobiliario y evitar que falsos agentes sigan comercializando terrenos invadidos. González Schmal también explicó que muchas de estas operaciones ilegales se realizan en zonas limítrofes entre Puebla y Tlaxcala, lo que permite a los grupos defraudadores utilizar documentación notarial de Tlaxcala para engañar a potenciales compradores.
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