La colectiva Bienestar Social denunció a través de un comunicado, una serie de problemáticas, que sumadas, recrudecen la crisis de agua que atraviesa Puebla en últimas fechas y que afecta a cerca de 500 mil usuarias y usuarios del servicio, entre ellas el abandono de la infraestructura pluvial, cobros excesivos y escasez del servicio y la opacidad en la administración de los recursos por parte de Agua de Puebla. La organización defensora del agua señaló que, a pesar de que la concesionaria cobra tarifas excesivas, el servicio no refleja mejoras sustanciales. Incluso, familias reportaron incrementos de hasta 200% en sus recibos de agua desde 2021, lo que afecta a sectores vulnearables, quienes destinan hasta el 20% de sus ingresos para acceder al recurso vital. El documento expone que la falta de mantenimiento e inversión en la infraestructura hídrica ha derivado en inundaciones recurrentes, que durante más de cinco días consecutivos paralizaron la capital poblana, poniendo en riesgo el patrimonio y la seguridad de miles de habitantes. Asimismo, la colectiva cuestionó la opacidad en el manejo de los recursos públicos que respaldan la operación de la concesionaria privada, a pesar de que esta recauda de manera permanente de más de 500 mil usuarios a quienes debería garantizar servicios de calidad. Te puede interesar: ¡Alerta! Detectan nueva estafa telefónica a nombre del SAT El aumento constante de tarifas aprobado de manera trimestral por el Congreso local, expresaron, genera un gasto promedio de más de 8 mil pesos anuales por familia, según estimaciones de académicos de la BUAP. Pese a ello, persisten las fallas en el suministro y el colapso del sistema de saneamiento. De acuerdo con la colectiva, más de 721 mil personas en Puebla enfrentan escasez de agua, obligadas a depender de pipas a precios elevados, lo que acentúa la desigualdad y compromete la seguridad económica de los sectores más desfavorecidos. Otro de los señalamientos apunta a la contaminación del río Atoyac, ya que la concesionaria es responsable de descargar al menos 60% del caudal contaminado, lo que genera graves riesgos sanitarios, entre ellos, la proliferación de enfermedades cutáneas, gastrointestinales e incluso casos de cáncer relacionados con el contacto con agua contaminada. A once años de haberse otorgado la concesión, Bienestar Social remarcó que el agua en Puebla dejó de ser un derecho humano para convertirse en un negocio privado, donde los costos recaen en la ciudadanía mientras se mantienen servicios deficientes y una crisis ambiental y social en aumento.
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