El 13 de septiembre se cumplieron cinco años desde que Daniela Muñoz Muñoz, joven docente originaria de Apizaco, Tlaxcala, fue vista por última vez tras acudir a una fiesta en el municipio. Su caso permanece sin resolverse, mientras su familia acusa omisión y lentitud de las autoridades estatales. Daniela, de 23 años, recién había obtenido una plaza definitiva en una primaria rural de Ixtacamaxtitlán, Puebla, donde se desempeñaría como maestra. Sin embargo, la noche del 13 de septiembre de 2020, salió en compañía de su amigo Álvaro Daniel N., quien posteriormente fue detenido e imputado como principal sospechoso de su desaparición. Aunque permanece en prisión preventiva oficiosa, hasta ahora no ha recibido sentencia debido a constantes retrasos procesales, amparos y la ausencia recurrente de su defensa, a decir de los familiares de Daniela. 
El caso de Daniela expuso las deficiencias de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), según relata su madre, Rosa Muñoz. La dependencia se negó inicialmente a iniciar la investigación tras la denuncia presentada el 14 de septiembre de 2020. Los primeros avances llegaron solo después de que la familia aprovechó la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tlaxcala, para exigir su intervención en la búsqueda. Esa presión permitió que la Fiscalía General de la República (FGR) se sumara al caso y que se desplegaran operativos en Apizaco, Huamantla y Xaloztoc, con apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), la Guardia Nacional y la 23 Zona Militar. Pese a la localización de un vehículo vinculado a Álvaro Daniel y de indicios biológicos, nunca se logró establecer el paradero de la joven. 
La desaparición de Daniela ocurrió durante la administración del exgobernador Marco Antonio Mena Rodríguez (PRI), y con la llegada de la actual mandataria Lorena Cuéllar Cisneros (Morena), sus padres buscaron la reactivación del caso. La entonces procuradora recién nombrada, Ernestina Carro Roldán, aseguró que se agotarían los recursos para esclarecer los hechos. Sin embargo, cinco años después, la investigación sigue estancada. En mayo de 2023, el gobierno estatal publicó un decreto en el Periódico Oficial ofreciendo una recompensa de 300 mil pesos a quien proporcionara información útil sobre el paradero de Daniela. No obstante, hasta ahora no se ha reportado algún resultado derivado de esa medida. Durante este tiempo, Rosa y Jorge Muñoz, padres de Daniela, han vivido entre la incertidumbre, el desgaste emocional y los problemas de salud derivados de la ausencia de su hija. Aun así, se mantienen firmes en la búsqueda y en la exigencia de justicia, acompañados de colectivos feministas y organizaciones civiles que han convertido a Daniela en un símbolo de la lucha contra las desapariciones y la violencia de género en Tlaxcala y Puebla. Te puede interesar: Suman 14 fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa; 39 víctimas internadas “Son cinco años de angustia, de desesperación, de no saber dónde está mi hija, de gente indiferente. La persona ya está encerrada y tiene una sentencia de 56 años pero no quiere decir nada. Pero no vamos a detenernos hasta saber dónde está Daniela”, reiteró su madre en una de las últimas manifestaciones realizadas en Apizaco, a 5 años de su desaparición. Como cada 13 de septiembre, la familia de Daniela, colectivas feministas y asociaciones civiles, reiteran el reclamo a las autoridades para que se esclarezca la desaparición de la joven maestra y también de cientos de personas no localizadas, que en Tlaxcala, a la fecha son más de 159 de acuerdo con datos de organizaciones como Red Lupa, sin embargo, el estado sólo reconoce 43.
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