La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lanzó una contundente advertencia durante su 81ª Asamblea General, celebrada esta semana: la libertad de expresión en el continente vive un momento crítico, marcado por ataques sistemáticos, censura encubierta y una sofisticada ofensiva judicial contra periodistas y medios independientes. El informe regional fue presentado por Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de Organización Editorial Mexicana (OEM), quien denunció una “escalada sostenida y multifacética de presiones contra el periodismo”.
De acuerdo con el análisis de los informes semestrales presentados por los países miembros de la SIP, uno de los fenómenos más alarmantes es el uso creciente de figuras legales —como el “daño moral” o la “violencia política de género”— para intimidar, silenciar o asfixiar económicamente a medios y periodistas. Casos documentados en México, Argentina, Panamá, Perú y Brasil revelan cómo demandas civiles y procesos penales se están utilizando como herramientas para inhibir la crítica, sin considerar principios básicos como la libertad de expresión o el derecho al disenso. En Costa Rica, por ejemplo, el gobierno habría retenido pagos de publicidad oficial durante ocho meses a medios críticos. En Argentina, se anunció la suspensión total de la pauta oficial, mientras que en Venezuela y Ecuador se denunciaron ataques digitales y eliminación de contenidos bajo marcos legales ambiguos. Hostigamiento desde el poderEl informe también detalla como líderes políticos en distintos países han adoptado una narrativa de confrontación contra la prensa, usando sus plataformas para estigmatizar y desacreditar a periodistas. Desde el presidente argentino Javier Milei, quien ha lanzado frases como “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, hasta el gobierno de Costa Rica, que instauró el programa oficial “Dato mata mentira”, se ha observado un uso institucional del desprestigio como estrategia de control mediático.
Más allá de la presión legal y verbal, la violencia física contra periodistas continúa creciendo en Perú, Brasil, Haití, Bolivia y Honduras, donde se han registrado ataques, amenazas e incluso asesinatos. En casos extremos, como en Haití y El Salvador, ejercer el periodismo sin medidas de seguridad se ha vuelto prácticamente imposible. Ramos también mencionó el caso del alcalde de Lima, quien habría incitado públicamente el asesinato del periodista Gustavo Gorriti. La situación es aún más dramática en Nicaragua, Cuba y Venezuela, donde el cierre de redacciones, la represión sistemática, el exilio forzado de comunicadores y la censura total del espacio digital reflejan un entorno de represión absoluta. En Cuba, más de una docena de leyes permiten penalizar el simple acto de informar, consolidando un sistema donde la prensa libre simplemente no existe. Aunque históricamente ha sido un bastión de la libertad de expresión, Estados Unidos también aparece en el informe con señales de alerta: desde demandas multimillonarias hasta presiones para imponer revisión previa de contenidos, lo que podría sentar peligrosos precedentes.
Nuevas defensas para un nuevo escenarioFrente a este panorama, la SIP enfatizó la urgencia de renovar las estrategias de protección para el gremio periodístico. Ramos subrayó la necesidad de contar con defensa legal especializada, monitoreo regional y el fortalecimiento de mecanismos internacionales que ejerzan presión ante los retrocesos democráticos. Te puede interesar: Alianza de Medios Mx da la bienvenida a El Popular por su compromiso social Como parte de estas acciones, la SIP ha relanzado el podcast “Periodismo en Riesgo”, una plataforma para analizar país por país las amenazas que enfrentan los medios.
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