Una vez más, la violencia institucional en Puebla se impuso sobre el derecho a la justicia de una niña indígena de 12 años, hablante de náhuatl y denunciante de una agresión sexual. Este lunes, la menor viajó por más de dos horas junto con su familia hasta la Fiscalía Regional de Huauchinango para presentar una denuncia. Sin embargo, la institución no pudo recibir la querella debido a la falta de un intérprete certificado, dejándola en indefensión jurídica. El hecho fue denunciado públicamente por Valeria Fuentes, joven defensora y acompañante comunitaria, quien hizo un llamado urgente a autoridades estatales y municipales para frenar la discriminación por origen indígena dentro del sistema de justicia.
Barrera estructural que revictimizaLa ausencia de intérpretes certificados no solo impide que la denuncia avance, sino que constituye una forma de violencia institucional y discriminación, reconocida por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos como una práctica que revictimiza a mujeres, niñas y adolescentes indígenas. Exigen intérpretes certificados con urgenciaEn su publicación, Fuentes informó que existen al menos tres mujeres nahuahablantes dispuestas a certificarse para brindar apoyo especializado a víctimas de violencia en la región. Sin embargo, la falta de voluntad institucional ha mantenido el proceso en rezago burocrático. Te puede interesar: Feministas convocan velada para víctimas de feminicidio y violencia en Puebla La joven dirigió un llamado directo a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH), al INALI, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y a autoridades municipales para garantizar intérpretes certificados en lengua indígena, evitando que niñas y mujeres sigan siendo silenciadas por barreras lingüísticas.
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