Entre enero y noviembre de 2025 se registraron 9 mil 687 denuncias por violencia familiar en el estado de Puebla, frente a las 7 mil 662 reportadas en el mismo periodo de 2022, lo que representa un incremento del 26 por ciento en tres años. De acuerdo a datos oficiales, durante el último año, las agencias del Ministerio Público atendieron en promedio 29 denuncias diarias relacionadas con agresiones ocurridas al interior del hogar. La mayoría de los casos involucran a mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes concentran el mayor número de reportes. El fenómeno volvió a la atención pública tras el rescate de dos menores de 12 y 13 años en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, donde autoridades documentaron un contexto de violencia física y psicológica, además de tratos degradantes. De acuerdo con información oficial, las niñas permanecían encadenadas y el presunto responsable es buscado por las autoridades. 
Te puede interesar: Repuntan denuncias por violencia familiar en Puebla durante 2025 A nivel nacional, estimaciones oficiales refieren que siete de cada diez hogares presentan algún tipo de violencia en su dinámica familiar. En Puebla, las denuncias también están asociadas a violencia psicológica, abuso sexual y explotación laboral, prácticas que afectan el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En ContextoEspecialistas en atención a la violencia señalan que el incremento en las denuncias no necesariamente implica que hoy exista más violencia que en años anteriores, sino también un mayor reconocimiento del problema y un aumento —aunque todavía limitado— en la disposición de las víctimas para acudir ante las autoridades. Factores como campañas de sensibilización, difusión de líneas de apoyo y una mayor conversación pública sobre el tema han contribuido a que hechos que antes permanecían ocultos ahora se denuncien formalmente. No obstante, la violencia familiar sigue siendo uno de los delitos con mayor subregistro. Diversos estudios advierten que por cada denuncia presentada existen múltiples casos que no llegan a instancias oficiales, debido al miedo a represalias, la dependencia económica, la normalización de la violencia o la desconfianza en las instituciones. En el caso de niñas, niños y adolescentes, la denuncia suele depender de terceros, como docentes, personal médico o vecinos, lo que dificulta aún más la detección oportuna. Autoridades y organizaciones civiles coinciden en que atender la violencia familiar requiere un enfoque integral que vaya más allá de la reacción penal. Esto implica fortalecer la prevención, la atención psicológica, el acompañamiento jurídico y las redes comunitarias de protección, así como garantizar que los casos denunciados no queden impunes. La persistencia de estas cifras confirma que la violencia dentro del hogar sigue siendo un problema estructural, con impactos profundos en la salud, la educación y el tejido social del estado. |