Pese a ser una de las entidades con mayor número de niñas y adolescentes en matrimonios infantiles y uniones tempranas, Puebla continúa sin tipificar ni sancionar penalmente la cohabitación forzada, una práctica prohibida a nivel federal desde hace años, pero que en el ámbito local sigue sin castigo. De acuerdo con el informe Voces de niñas y adolescentes. Una aproximación a las causas de los matrimonios infantiles, de Save the Children, en Puebla se registran más de 20 mil niñas y adolescentes en matrimonios infantiles, lo que coloca a la entidad entre las de mayor prevalencia a nivel nacional. Además, Puebla aparece de manera recurrente entre los estados con alta incidencia de uniones tempranas y matrimonio infantil, particularmente en zonas indígenas, como comunidades nahuas y totonacas, donde persisten usos y costumbres que normalizan estas prácticas, muchas veces asociadas a condiciones de pobreza, tradición familiar o acuerdos económicos, de acuerdo con diversos diagnósticos y registros oficiales. 
A pesar de este contexto, el Congreso del Estado apenas comenzó a analizar en febrero de 2026 diversas iniciativas para tipificar el delito, en contraste con el marco federal que desde 2019 prohíbe sin excepciones el matrimonio antes de los 18 años, y que en 2023 incorporó al Código Penal Federal sanciones de ocho a quince años de prisión por cohabitación forzada de personas menores de edad. Hasta febrero de 2026, solo ocho entidades del país han armonizado su legislación penal para sancionar esta práctica: San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Campeche, Quintana Roo y Chiapas, mientras que Puebla permanece entre los estados donde no existe sanción penal, pese a la magnitud del problema. En los primeros días de febrero se presentaron al menos dos propuestas legislativas. La diputada Susana Riestra Piña (PAN) propuso adicionar una sección específica de Cohabitación Forzada al Código Penal estatal, con penas de hasta 15 años de prisión, que podrían incrementarse en supuestos agravados. Por su parte, el diputado Roberto Zataráin Leal (Morena) presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con sanciones de ocho a quince años de prisión y medidas para fortalecer la prevención y atención interinstitucional. Ambas propuestas coinciden en que la cohabitación forzada se configura cuando se obliga, coacciona o induce a una persona menor de 18 años a convivir de manera constante y equiparable a un matrimonio, con o sin su consentimiento. Te puede interesar: Proponen sancionar con 15 años de prisión el matrimonio infantil en Puebla En este contexto, Eufrosina Cruz Mendoza, fundadora de la Fundación Eufrosina Cruz y exlegisladora federal, visitó recientemente Puebla como parte de una estrategia nacional para presionar a los congresos locales a armonizar su legislación y sancionar penalmente la cohabitación forzada y el matrimonio infantil. Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México residían al menos 237 mil niñas y adolescentes de 12 a 17 años en matrimonios o uniones tempranas. Registros más recientes de la ENADID 2023 y de nacimientos en 2024 confirman que Puebla se mantiene entre las entidades con tasas relevantes de uniones tempranas y maternidad adolescente. Las iniciativas permanecen en análisis en comisiones y aún no han sido dictaminadas ni votadas, por lo que Puebla continúa sin sanción penal efectiva contra el matrimonio infantil y las uniones forzadas.
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