Viernes 03 Abril 2026

El rechazo del Gobierno de México al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas generó posicionamientos encontrados entre autoridades y organizaciones civiles, en torno al diagnóstico sobre la desaparición de personas en el país.

En su postura oficial, el Estado mexicano calificó el informe como “tendencioso”, al señalar que no incorpora información actualizada ni los avances institucionales implementados en los últimos años. Indicó que el mecanismo de la Convención aplica a contextos donde las desapariciones son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, lo cual, afirmó, no corresponde a la situación actual de México.

Asimismo, sostuvo que el documento se centra en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y no considera medidas recientes como la Alerta Nacional de Búsqueda, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la ampliación de capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Organizaciones civiles respaldaron el informe del Comité de la ONU sobre desapariciones en México.

Por su parte, organizaciones como Fundar Centro de Análisis e Investigación, Data Cívica y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia respaldaron el informe del CED y señalaron que la acumulación de más de 83 mil cuerpos y restos sin identificar en instituciones forenses evidencia una crisis forense en el país.

En su posicionamiento, indicaron que la impunidad en los casos de desaparición supera el 98 por ciento y que los mecanismos actuales no han revertido el rezago en identificación de personas ni el acceso a la justicia para las familias de personas desaparecidas.

Las organizaciones también hicieron un llamado a que el Estado considere la asistencia técnica internacional y establezca mecanismos de diálogo con colectivos de búsqueda y organismos de derechos humanos, en el contexto de una problemática que continúa registrando casos en distintas entidades.

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El Gobierno de México reiteró su disposición a mantener cooperación con instancias internacionales, aunque precisó que esta debe basarse en diagnósticos que reflejen, desde su perspectiva, la realidad actual del país. Además, reafirmó su compromiso con la búsqueda de personas, la identificación forense y la garantía de verdad y justicia.