El informe comparativo presentado por la Redim, en el marco del proyecto regional REDES, documentó que la niñez migrante en México, Guatemala, Honduras y El Salvador enfrenta riesgos como la trata de personas, la denegación del derecho de asilo y la inaplicabilidad de protocolos internacionales, lo que deja en vulnerabilidad sus derechos humanos. Entre los hallazgos positivos, se confirmó que desde 1990 los cuatro países están alineados con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), lo que ha permitido desarrollar políticas y protocolos específicos. En México, destacan el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2025-2030 (PRONAPINNA) y la Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración. 
La existencia de estos instrumentos se complementa con instituciones como el Sistema Nacional DIF, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sipinna, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Sin embargo, el informe advierte que la participación de los menores en estos mecanismos es limitada y esporádica, además de que no se confirma si los procesos de monitoreo consideran su opinión directa. Te puede interesar: BUAP presenta libro sobre niñas y niños migrantes en México En cuanto a los datos duros, la Unidad Política Migratoria reportó que durante 2025 ingresaron a México 15 mil 172 niños y adolescentes migrantes, de los cuales 970 viajaban sin compañía. La mayoría busca llegar a Estados Unidos, motivados por decisiones familiares en busca de mejores oportunidades. El estudio también identificó que la recopilación de información se concentra en aspectos de gestión fronteriza y seguridad nacional, dejando de lado datos sobre salud, situación familiar o necesidades específicas, lo que genera una brecha para la creación de políticas públicas efectivas. Finalmente, la Redim y el proyecto REDES recomendaron reforzar el liderazgo del Sipinna, fortalecer la coordinación con países de origen, asignar presupuestos específicos, garantizar estabilidad institucional y promover la generación de datos desagregados que permitan diseñar políticas más integrales para la protección de la niñez migrante. |