Una madre denunció presuntas irregularidades durante una audiencia celebrada el 27 de mayo en el Juzgado Sexto de Oralidad en Puebla, en la que se analizaba la solicitud de modificación de guarda y custodia de su hijo menor de 4 años. La mujer acusó haber recibido un trato déspota por parte de la jueza de oralidad, quien actuó de forma parcial a favor de su contraparte y no analizó la situación con perspectiva de género. En entrevista telefónica con El Popular, periodismo con causa, la mujer identificada como Carmen Sinaid Carballido señaló que el padre del menor promovió la modificación del régimen de convivencia argumentando presuntas condiciones adversas para el niño, así como la prohibición para convivir con él. Sin embargo, afirmó que dichos señalamientos se basan en “mentiras” y que no se tomó en cuenta un acuerdo previo establecido en noviembre de 2025, en el que, según dijo, se había acordado la convivencia y la pensión alimenticia. Te puede interesar: Irregularidades del Cecofam ponen en riesgo a las infancias poblanas De acuerdo con su testimonio, durante la audiencia la jueza Edna Vázquez Pérez no le permitió exponer plenamente su defensa ni presentar pruebas, entre ellas videos y fotografías relacionadas con una presunta agresión contra el menor atribuida a la pareja sentimental del padre. Señaló que dichos elementos no fueron aceptados bajo el argumento de que aparecía el rostro del menor. En contraste, acusó que al padre del menor sí se le habrían admitido pruebas, entre ellas imágenes del niño, capturas de pantalla y testimonios sobre la convivencia, en los que —según dijo— se evidenciaría una supuesta falta de disposición para convivir con el menor. Indicó que esto evidenciaría una valoración desigual del proceso. 
La denunciante también señaló que la resolución derivó en la modificación del régimen a custodia compartida semanal, pese a que anteriormente ella tenía la custodia definitiva y las visitas del menor se realizaban un día sí y un día no. Añadió que la decisión se tomó, según su versión, sin una valoración integral del acuerdo previo ni la presencia de personal del Ministerio Público durante la audiencia. Asimismo, indicó que la comunicación con su hijo fue inicialmente limitada a una llamada diaria de no más de cinco minutos, durante la semana que se encuentre con su padre; sin embargo, posteriormente la resolución estableció una sola llamada semanal. Señaló que este ajuste se realizó de forma unilateral y sin su consentimiento. Carmen Sinaid Carballido señaló que el niño asiste a la escuela en un Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) del Sistema Estatal DIF, donde también recibe atención médica, lo cual, aseguró, fue cuestionado durante la audiencia. Anteriormente el menor cursaba sus estudios en una escuela particular, pero la elección del CAIC responde a la intención de que el menor reciba atención en un espacio donde, dijo, exista vigilancia institucional y seguimiento al desarrollo de los niños, además de evitar posibles conflictos derivados de instituciones privadas. 
No obstante, este hecho fue criticado por la jueza Edna Vázquez, quien afirmó que las instituciones públicas son deficientes y que el menor debería ser atendido en una institución privada, tanto para recibir servicios pediátricos como para su educación escolar. Asimismo, señaló que la jueza también cuestionó que la denuncia por la presunta agresión física contra el menor haya sido presentada ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), al considerar que este tipo de acciones podría generar traumas en el infante.
Añadió que el niño también habría sido escuchado por su psicólogo asignado en el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla (CECOFAM), donde presuntamente refirió hechos de violencia; sin embargo, dicho testimonio no fue considerado en la resolución. Lamentó que ambos asuntos hayan sido minimizados y que, tras iniciar el régimen de entrega-recepción del menor con su padre por semanas, el niño haya comenzado a presentar tartamudez. Señaló que, aunque aún no desarrolla plenamente el habla, no mostraba ese tipo de conducta previamente, por lo que consideró que podría tratarse de posibles episodios de agresión o intimidación en su contra.
Reconoció que el menor presenta un cuadro catalogado como desnutrición leve por médicos del DIF, al encontrarse 200 gramos por debajo de su peso normal, derivado de una condición de salud detectada desde su nacimiento. No obstante, señaló que esta situación fue interpretada por su expareja y por la jueza como un presunto abandono de persona, lo que podría derivar en la suspensión de la custodia del menor y su entrega total al padre, sin considerar, afirmó, las presuntas agresiones ocurridas en ese entorno familiar. También puedes leer: Vinculan a proceso a Martín N por sustraer a su hijo en Puebla; menor sigue oculto Cambios en el Poder Judicial atrasan y cambian juiciosCabe recordar que el pasado 5 de febrero, el Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla ordenó una reestructuración interna con más de 120 cambios de adscripción dentro del Poder Judicial, con el objetivo de fortalecer la operación institucional, reducir el rezago y mejorar el funcionamiento de los juzgados en la entidad. De acuerdo con lo informado en su momento, el ajuste incluyó la movilidad de 60 jueces y personal operativo, así como cambios en secretarios de acuerdos, jefes de causa y encargados de sala en 18 distritos judiciales del estado. Entre las zonas involucradas se encuentran Puebla capital, Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio, Tehuacán, Teziutlán, Atlixco, Cholula, Huejotzingo y Huauchinango. Sin embargo, estos movimientos también han sido señalados en distintos casos como un factor que puede incidir en el seguimiento de expedientes, así como en la modificación y emisión de sentencias.
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