Jueves 30 Abril 2026

El Centro de Convivencia Familiar de Puebla (Cecofam) del Poder Judicial, concebido como un espacio para resguardar a niñas, niños y adolescentes en contextos de separación familiar, facilitando la convivencia con sus madres y padres no custodios, ha sido señalado por violaciones al interés superior de la niñez

Entre las irregularidades reportadas se encuentran la imposición de convivencias, la protección a personas con conductas violentas, presunta violencia institucional, tratos indignos hacia mujeres y menores, así como omisiones en los reportes de convivencia, corrupción e incluso su señalamiento como antesala de casos de violencia vicaria.

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De acuerdo con usuarias del Cecofam Puebla, ubicado en Ciudad Judicial, en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, las infancias que acuden a este sitio se encuentran en situación de indefensión, ya que el personal a cargo no cuenta con un protocolo de actuación para atender a las y los menores, así como a sus madres y padres.

También coinciden en que las y los psicólogos no priorizan el bienestar de las infancias, pues aseguran que en ocasiones se fuerzan las convivencias sin considerar su opinión. Además, señalan que los reportes de estos encuentros se elaboran de forma incorrecta y sin veracidad, lo que pone en riesgo su integridad.

Denuncian violencia institucional y corrupción

Sandra Cruz, madre de dos menores de 15 y cinco años, quien se separó de su pareja en 2021, ha sido víctima de violencia institucional por parte del personal del Cecofam Puebla, así como de omisiones por parte del Poder Judicial, que no ha atendido la violencia económica de la que son víctimas sus hijos.

Para ella, acudir a este espacio ha representado la revictimización de su caso, ya que no han garantizado una convivencia sana entre sus hijos y el progenitor. 

Asimismo, señaló que, al tener poder adquisitivo, el hombre ha podido manipular a algunos servidores públicos para evitar sus responsabilidades y eludir señalamientos por sus faltas graves, entre ellas una denuncia por violencia familiar. 

Lamentó que hasta el momento ni siquiera cuente con una sentencia por parte del Poder Judicial, pues fue un juez auxiliar de lo familiar, a través de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM), quien le otorgó medidas de protección, así como la guardia y custodia provisional de sus hijos.

“Yo he presentado facturas de todo lo que gana el señor y no pasa nada. Mi juicio de alimentos es del 2022 y no hay una sentencia, no hay nada. Le dictaron una pensión provisional y pues evidentemente no cumple, pero si yo dejo de ir a Cocofam o no los llevo el señor me puede solicitar un cambio de guardia y custodia”, detalló. 

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También ha sido testigo de presuntas irregularidades por parte de la psicóloga asignada, identificada como Olga Lidia, quien habría obligado a una de las menores a convivir con su padre a pesar de la negativa de la niña.

Asimismo, señaló que la menor le reportó que ambos mantenían una relación interpersonal que afectaba la dinámica de convivencia con otros menores, ya que, en lugar de atender o supervisar otras convivencias, se retiraba con su expareja y ello derivó en la emisión de reportes falsos a favor del hombre.

“Mi hija de pronto salía llorando de las convivencias con su papá. Eso nunca lo reportó la psicóloga. Jamás. Incluso a mí me tocó, en otras convivencias, ver cómo esta psicóloga, Olga Lidia, llegó a cargar a los niños para meterlos a fuerza a convivir con los papás.  Definitivamente no tienen ni ética, no tienen nada. Ahí es donde nos ponemos a pensar en manos de quién están nuestras infancias mientras están conviviendo ahí adentro”, detalló. 

Burocracia, el factor silencioso que vulnera infancias

Para Angélica Luna, el deficiente funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) Puebla, así como diversas irregularidades burocráticas y presuntos actos de corrupción, entre ellos la emisión de reportes falsos y la filtración de información, han obstaculizado su proceso legal por violencia vicaria.

Señaló que, durante el periodo en el que ha sido usuaria, podría calificar la atención del personal como deplorable, inhumana, violenta y sarcástica frente a la situación que muchas de las madres —y también algunos padres— que acuden a este espacio enfrentan.

También ha sufrido la emisión de reportes falsos por parte de su psicóloga asignada, lo que califica como un posible acto de corrupción relacionado con su expareja, ya que han intentado señalarla por violencia contra el menor, una situación que, aseguró, no es real. 

Además, en una ocasión fue dada de baja del servicio del CECOFAM debido a supuestas inasistencias, a pesar de que ha acudido a sus convivencias decretadas de forma periódica, incluso ahora que se encuentra a la espera de que le regresen a su hijo. 

“Me afectaron a mí emitiendo reportes equivocados y me dieron de baja del servicio del Cecofam, con la psicóloga, cuando todos los días me presenté y le pregunté si tenía que hablar con ella y ella contestó que no porque no se estaba cumpliendo el proceso entrega-recepción (...). Entonces, ellos sí contestaron mal los reportes y a mí me perjudicaron junto con mi hijo, para que pueda recuperarlo, porque ellos emitieron un reporte al juez de oralidad, Adolfo Hernández, donde indicaron que yo no me había presentado ni tampoco el señor. Entonces, hay un tema de corrupción muy grave”, lamentó. 

Destacó que, a pesar de que su hijo fue sustraído por su progenitor, el personal del centro se ha negado a llevar a cabo el proceso de entrega del menor, al argumentar que requiere que el juzgado les informe específicamente sobre la situación de violencia vicaria de la víctima

A pesar de que acude a registrarse todos los domingos desde agosto de 2025, le indicaron que, aunque el padre presente al menor, no se realizaría la entrega, por lo que lamentó que la burocracia repercuta en el bienestar de las infancias que tienen que acudir a este lugar.

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Acusan falta de empatía y piden garantizar perspectiva de infancias

Acudir al Cecofam cada sábado se convirtió en una especie de castigo para Diana, quien, tras obtener una sentencia por un juicio de alimentos y guardia y custodia, ha tenido que soportar los malos tratos del personal del Cecofam y la falta de acción del Poder Judicial ante el incumplimiento del progenitor de su hijo.

A pesar de ser la única que ha acudido a este lugar durante casi un año, su psicóloga asignada, identificada como Ivette, no ha emitido reportes sobre la inasistencia del padre no custodio, por lo que se ha visto obligada a seguir presentando al menor. 

Esto le genera gastos adicionales, ya que los costos de traslado superan el monto que recibe de pensión, debido a que su expareja no cumple con el pago en su totalidad, lo que constituye un caso de violencia económica contra su hijo que tampoco ha sido resuelto por las autoridades. 

“La convivencia se estableció únicamente teniendo en cuenta la opinión del progenitor, a pesar de que dejó de ser parte de la vida de su hijo de forma prolongada y conocía mis horarios laborales. Aun así, fijó como fecha de visita un día laboral para mí y yo soy la que se ha tenido que ajustar todo para cumplir con ‘mis obligaciones’ a pesar de que el señor no se presenta. Esto ha durado meses y la autoridad no ha hecho nada al respecto, a pesar de que ha quedado claro que es una persona que no tiene el mínimo amor e interés por su hijo”, detalló.

En el Cecofam, ella ha recibido un trato déspota por parte de la psicóloga asignada, quien se dirige a ella de manera sarcástica y grosera. Además, con frecuencia no le registra la asistencia sino hasta 40 minutos después de la hora programada de su cita, aunque el reglamento establece que las convivencias deben cancelarse si alguna de las partes no se presenta dentro de los primeros 10 minutos.

La psicóloga justifica esta acción argumentando que la usuaria no acude a firmar cuando es llamada, lo cual, aseguró, es mentira, ya que ella permanece en todo momento en la zona de asistencia. Asimismo, la mujer no ha remitido al Poder Judicial los informes que acreditan que ella es la única de las partes que cumple puntualmente con los horarios de convivencia; incluso ha levantado reportes falsos que acreditan la inasistencia de ambas partes.

Asimismo, la amenaza con reportarla ante su jueza asignada para que sea sancionada cuando cuestiona los retrasos, así como la falta de veracidad y profesionalismo en su actuación. Además, la ha señalado públicamente de mentir respecto a los horarios en los que se presenta y ha solicitado la intervención policial para corroborar sus horas de entrada y salida.

Diana lamentó que su caso no sea un hecho aislado, pues ha presenciado la falta de ética y empatía por parte de otras psicólogas que laboran en el lugar, quienes fuerzan convivencias y minimizan situaciones de violencia en contra de lxs menores, incluso cuando señalan  agresiones físicas o malos tratos por parte de los padres o madres no custodias.

“No sé cómo es posible que no puedan dimensionar el daño que le están haciendo a las niñas y a los niños que tienen que estar en este lugar. Hay frases que para mí ya se volvieron frecuentes en el Cecofam, como ‘te pegó sin querer’, ‘ya no llores, no te lo dijo en serio’ o ‘anda, acepta lo que te trajo y convive porque ya se esforzó en venir’, como si lo que ellos sintieran y vivieran no importara (...) Quizás no importe, porque muchas de esas situaciones no quedan asentadas en los reportes que se emiten al Poder Judicial”, explicó. 

Usuarias del Cecofam hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que se realice una auditoría en el sitio y se establezcan protocolos de actuación que garanticen el bienestar de las infancias y adolescencias que deben acudir por orden de un juez.

Señalaron que es importante que el sistema cambie para dejar de ser un obstáculo violento e inhumano que afecte la salud mental, emocional y física de los menores, y se convierta en un espacio que facilite la reconstrucción de vínculos familiares.