Mediante un pronunciamiento dirigido a la comunidad universitaria se señala al director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP, Giuseppe Lo Brutto, y al secretario académico, Heber Salomón Salazar Roldán, por presunto hostigamiento laboral contra Ruth Fierro, trabajadora administrativa del instituto. En el documento, difundido este fin de semana, los autores sostienen que la empleada, con varios años de servicio en la institución, ha sido objeto de hostigamiento por parte del director del instituto, Giuseppe Lo Brutto, y del secretario académico, Heber Salomón Salazar Roldán. El pronunciamiento recopila testimonios que señalan presuntos episodios de maltrato hacia Ruth por parte Lo Brutto,y Salazar. Según el documento, ambos funcionarios habrían ingresado en distintas ocasiones a la oficina de la trabajadora para increparla y gritarle por supuestos incumplimientos laborales, además de exigirle acciones que, de acuerdo con los denunciantes, no dependían de sus funciones, como la entrega de botellas de agua. 
El posicionamiento señala que Ruth es una trabajadora apreciada por diversas generaciones de estudiantes y egresados, y afirma que durante años ha desempeñado sus funciones mientras continuaba su formación académica. Asimismo, sostiene que no existen antecedentes de incumplimiento laboral que justifiquen las acciones emprendidas en su contra. 
Los firmantes también acusan un deterioro del ambiente laboral dentro del instituto y aseguran que existen prácticas de intimidación y subordinación hacia personal considerado vulnerable. El pronunciamiento también hace referencia a un video que circuló en redes sociales en donde el actual secretario académico Heber Salomón Salazar Roldán, señala que el propósito de los jóvenes no debe ser tener una carrera y encontrar un buen trabajo. Te puede interesar: Académicos de la UPAEP rechazan cambios legales para infancias trans y piden proteger a menores Fuentes consultadas al interior del ICSYH refieren que Ruth Fierro ya realizó las denuncias correspondientes ante la Oficina de la Abogada General, acompañada de personal del propio Instituto. Finalmente, los autores solicitan el respaldo de la comunidad universitaria, las autoridades centrales la opinión pública al considerar que los mecanismos institucionales han sido insuficientes para atender el caso. Señalan que lo ocurrido no sólo pone en riesgo la estabilidad laboral de la trabajadora, sino también los principios de comunidad, pluralidad y respeto que, afirman, históricamente caracterizaron al ICSyH.
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