Martes 14 Julio 2026

Organizaciones civiles de todo el país convocaron a una marcha nacional pacífica para el próximo sábado 1 de agosto, con el objetivo de respaldar activamente la exigencia de Saltillo en contra de los convenios de gestión hídrica pactados con agencias y empresas de Israel.

La movilización, programada para iniciar simultáneamente a las 09:30 horas, busca visibilizar a nivel nacional el rechazo a estos acuerdos internacionales que operan en la opacidad jurídica y que amenazan la sustentabilidad de los recursos locales en el norte de México, de acuerdo a colectivos y activistas.

En México se han organizado múltiples movilizaciones ciudadanas en protesta contra el genocidio en Gaza, exigiendo al gobierno federal la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

El descontento civil que motivó este respaldo nacional surgió a raíz de las denuncias por la falta de transparencia en los contratos de asistencia técnica en Saltillo. La movilización cobró fuerza tras revelarse que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no cuenta con registros oficiales de estos instrumentos internacionales, lo que viola la Ley sobre la Celebración de Tratados al no estar inscritos ante la Cancillería ni validados por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid). Esta omisión sitúa los proyectos hídricos en un limbo legal que imposibilita la rendición de cuentas pública.

Además de los vacíos jurídicos, la alerta en Saltillo que ha movilizado al país se fundamenta en los riesgos de implementar tecnologías extranjeras inapropiadas, como la ósmosis inversa, para acuíferos terrestres.

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Defensores ambientales explicaron que estos procesos provocan la salinización de los suelos agrícolas debido al desecho de sustancias hipersaladas, por lo que la verdadera solución debe enfocarse en resguardar las zonas naturales de recarga hídrica de la región.

En solidaridad con esta causa, contingentes ciudadanos marcharán en la Ciudad de México, Hidalgo, Guanajuato, Nayarit, Aguascalientes, Querétaro, Durango, Tlaxcala, Ciudad Juárez, Mérida, Baja California Norte y Saltillo. Los colectivos nacionales exigirán de manera enérgica frenar la intromisión de tecnologías de alto riesgo ambiental y demandarán la inmediata cancelación de todos los contratos que no cumplan con el marco legal constitucional de nuestro país.