Aunque se aprueben, las leyes que prohíben a los menores de edad el acceso a redes sociales están destinadas a fracasar en la práctica, adviertió Juan Martín Pérez García, fundador de REDIM. El caso de Australia, el primer país en implementar una prohibición dura por edad, es la prueba: su propio gobierno reconoció hace apenas un mes que solo ha logrado bloquear el 60 por ciento de las cuentas de adolescentes. El resto sigue conectado, usando VPN gratuitos —"túneles", los describe el experto en infancias"— para simular que navega desde cualquier otro país. Francia acaba de sumarse a esa misma ruta, con una prohibición similar para menores de 15 años aprobada apenas el pasado martes. Este decreto francés, además, se suma a una tendencia global impulsada mayoritariamente por gobiernos de derecha y ultraderecha. Así lo advierte el también presidente de Tejiendo Redes Infancia, la red que da seguimiento al debate sobre entornos digitales seguros en América Latina y el Caribe y que junto con el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, emitió la primera Observación General específica sobre los derechos de la infancia en entornos digitales. Sostuvo que Australia, el primer país que lo implementó, sirve más como advertencia que como modelo, pues ya mostró sus grietas antes de cumplir un año, haciendo evidente que la prohibición ha orillado a niños, niñas y adolescentes a las zonas más oscuras del internet, sin acompañamiento ni regulación. Y hay un segundo efecto, menos discutido, que para Pérez García es el más grave: cuando a los adolescentes se les cierra el acceso a las plataformas reguladas, no dejan de conectarse — buscan otras vías. Con inteligencia artificial, dice, hoy es "superfácil" que un adolescente cree su propia aplicación. El resultado es el opuesto: se pierde cualquier posibilidad de vigilancia o control sobre esos espacios alternos. Para Pérez García, el patrón detrás de estas leyes no es casual: "Y esto en realidad tiene fines más de orden político electoral que realmente de protección a niños, niñas y adolescentes”, dice el experto nacional en infancias. 
Citó al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, quien dio el primer paso en 2025 al reformar la ley de infancias y el Código Penal local para prohibir el acceso a redes sociodigitales a menores de 14 años. Desde entonces, la fórmula se ha replicado: Jalisco publicó en junio su propia ley con una restricción similar, y actualmente 16 entidades del país ya regulan de alguna forma el uso de celulares en las escuelas. En Puebla, el gobierno estatal pidió recientemente legislar en la misma dirección, luego del tiroteo entre estudiantes en Teotihuacán y una amenaza registrada contra el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENCH). La propuesta se suma a un debate federal que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que su gobierno analiza, sin que hasta ahora haya un criterio único. Es en ese tipo de iniciativas donde Pérez García ubica la falla de origen: "Están engañando al público haciéndole creer que con una ley va a cambiar la realidad, y eso no es cierto." Para el especialista, las leyes no transforman por sí solas ninguna problemática social —son apenas el marco para construir presupuestos y programas—, y advierte que la OCDE ya alertó en abril: sin criterios comunes entre naciones, este tipo de regulación no funciona. Te puede interesar: Prohibir no basta para proteger a niñas, niños y adolescentes en internet, advierten especialistas Regular la plataforma, no al usuarioPara el especialista no es que no haya que regular nada, sino que el objeto de la regulación está mal apuntado: “debería recaer sobre las plataformas, no sobre quienes las usan”. Pone como precedente la industria del alcohol, el tabaco, la televisión y los ultraprocesados —casos en los que primero se intentó responsabilizar al consumidor antes de que el Estado regulara a la industria. Entre lo que exige esa regulación está la transparencia en los algoritmos, prohibición de perfilar a menores con sus datos, y advierte que los sistemas de verificación de edad que ya empiezan a exigir rostro y datos biométricos son “una barbaridad”. 
Pérez García respalda su argumento con referencias internacionales: la Observación General de 2021 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y una directriz de Naciones Unidas sobre cómo regular la inteligencia artificial para proteger a niñas, niños y adolescentes. REDIM ha documentado un aumento en los suicidios de niñas, niños y adolescentes en Puebla entre 2023 y 2024, pero el experto aclara que no existe una relación causal confirmada con los entornos digitales: “Lo que hacen las redes sociales es que permiten hacerlo visible, lo viralizan.” El defensor de los derechos de la infancia sostuvo que el error de fondo es meter todos los riesgos —grooming, salud mental, algoritmos, conectividad— en una sola ley: "Si lo metemos todo en un conjunto, además de confundir al público, se van a tomar decisiones equivocadas." Su alternativa: una evaluación de impacto antes de legislar y reconocer que prohibir el acceso viola el derecho a la participación de la infancia, particularmente grave para pueblos originarios o neurodivergentes, para quienes el entorno digital es su vía principal de acceso a información. |