La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) concedió medidas de protección para el menor Lorenzo, de tres años, y su padre, Raúl Alberto González Martínez, con el objetivo de evitar su separación y prevenir posibles actos de intimidación mientras continúa la investigación relacionada con la guarda y custodia del niño. Las medidas fueron emitidas este viernes 21 de agosto, luego de que el padre del menor de edad acudiera un día antes a la Unidad de Investigación Reforma, de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, en la ciudad de Puebla, para presentar una denuncia por violencia familiar. Te puede interesar: Caso Lorenzo exhibe falta de protocolos y abuso de la Fiscalía de Puebla A solicitud de la agente del Ministerio Público, Margarita Sánchez, la FGE pidió al secretario de Seguridad Pública del estado ejecutar las medidas. De acuerdo con el oficio, se ordenó brindar vigilancia domiciliaria y auxilio policial durante 30 días naturales a favor de Raúl Alberto González Martínez, para Lorenzo y sus familiares. También se estableció que Alana Orduño Mojica, madre del niño, deberá abstenerse de realizar cualquier conducta de intimidación contra el padre y los integrantes de su familia. ![]() Así comenzó el conflicto en el caso LorenzoEl caso se hizo público el 18 de agosto, cuando la FGE activó la Alerta Amber FGEP/AAMBER-PUE/270/2026 para localizar a Lorenzo, quien, según la denuncia inicial, había sido visto por última vez el 17 de agosto en el fraccionamiento Jardines de Zavaleta. La madre del menor, Alana Orduño, difundió la alerta a través de SICOM y aseguró que el niño había sido sustraído de su domicilio sin su consentimiento. También señaló que el padre se llevó documentos oficiales del menor y afirmó contar con una resolución judicial de custodia provisional a su favor. Por estos hechos, dijo haber presentado denuncias por sustracción de menor y violencia vicaria. Ese mismo día, Raúl Alberto González Martínez rechazó públicamente que su hijo hubiera sido secuestrado y aseguró que Lorenzo estaba sano, a salvo y bajo su cuidado debido a un conflicto familiar. También señaló que cuenta con una suspensión provisional de amparo para evitar que el menor sea separado de él durante el litigio y sostuvo que no había sido notificado de una resolución que limitara su patria potestad o custodia. La madrugada del miércoles 19 de agosto, siete elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) acudieron al Hotel Villas Arqueológicas, en el municipio de San Andrés Cholula, donde se encontraban Lorenzo y su padre. De acuerdo con la defensa paterna, los agentes intentaron separar al menor de Raúl Alberto para entregarlo a su madre, sin una orden firmada por un juez de control ni personal especializado en atención a niñas, niños y adolescentes. El padre transmitió en vivo la actuación de los agentes mientras el menor permanecía dormido y cuestionó el fundamento jurídico de la diligencia. Durante el procedimiento mostró el amparo provisional que, según su defensa, ordenaba evitar la separación entre ambos. Finalmente, los elementos de la Fiscalía se retiraron del hotel sin llevarse al menor de edad y sin detener al padre por el señalamiento de violencia vicaria. También puedes leer: Padre de Lorenzo niega secuestro y afirma que el menor está bajo su cuidado Este viernes, debido a que existe una investigación en curso, el Ministerio Público determinó la necesidad de brindar seguridad inmediata mediante vigilancia domiciliaria y auxilio policial para proteger al menor de edad y a su núcleo familiar. La medida se fundamenta en la obligación de las autoridades de proteger a las víctimas y perseguir los delitos, de acuerdo con los artículos 8, 14, 16 y 21 de la Constitución Federal, así como los artículos 127, 128, 131, 132, 137, fracciones VI y VIII, y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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