El próximo viernes 28 de agosto, Erick Larios Rojas volverá a enfrentar a la justicia poblana desde una prisión en la que lleva más de tres años sin obtener una sentencia, pero esta vez por una nueva acusación relacionada con la desaparición de sus tres hijas. También te recomendamos: Familia de Lorenzo acusa acoso de Fiscalía de Puebla; señala a mismos agentes del operativo en hotel La Fiscalía General del Estado (FGE) busca vincularlo a proceso por desaparición forzada de personas cometida por particulares, aunque las menores fueron entregadas voluntariamente en 2025 y las niñas actualmente viven con su madre. La familia de Erick acusa que las autoridades poblanas no han tomado en cuenta las resoluciones emitidas en Tlaxcala, por lo que considera que el proceso judicial se ha desarrollado sin valorar todos los elementos del caso. 
Por lo anterior, solicitan que se revise el proceso de Erick, quien permanece en prisión preventiva desde julio de 2023 en el penal de San Pedro Cholula, y se determine por qué, después de casi cuatro años de litigio, el caso suma una nueva acusación en lugar de llegar a una resolución definitiva. También pidieron que se tomen en cuenta las pruebas que aportó desde el inicio de la disputa judicial con su expareja, Ana Karen Rodríguez Sánchez, quien lo denunció en 2022 por violencia familiar y sustracción de menores.
Un conflicto que comenzó en 2022La disputa entre Erick y Ana Karen comenzó formalmente en noviembre de 2022, cuando ella lo denunció por violencia familiar y señaló que había sustraído a sus tres hijas. También puedes leer: Caso Lorenzo exhibe falta de protocolos y abuso de la Fiscalía de Puebla Pero la familia de Erick cuenta la historia de otra manera. Sostiene que, en ese momento, las niñas vivían con su padre en Tlaxcala y que ya existían sentencias de ese estado relacionadas con su cuidado y custodia. Ana Karen es originaria de Veracruz y, según sus familiares, durante algunos periodos se ausentaba para trabajar en Tierra Blanca, mientras las niñas permanecían bajo el cuidado de Erick y de sus padres. Cuando el conflicto escaló, según lo relatado por la familia, se informó a las autoridades poblanas que las niñas no estaban desaparecidas, sino bajo resguardo familiar. Sin embargo, como medida protocolaria, se realizaron diligencias para localizarlas pese a que, aseguran, ya se había informado sobre su situación. Después vinieron nuevas denuncias, órdenes judiciales y procedimientos que fueron ampliando el conflicto. El caso terminó involucrando no solo a Erick, sino también a sus padres, su pareja, otros familiares e incluso a integrantes de su defensa legal. 
Tres años sin tener sentenciaErick fue detenido el 1 de julio de 2023 por el delito de violencia intrafamiliar. Desde entonces han pasado más de tres años sin que reciba una sentencia. Su familia sostiene que durante el proceso hubo irregularidades y que no se le permitió desahogar todas las pruebas que pretendía presentar. Estos señalamientos forman parte de la defensa y tendrán que ser revisados por las autoridades competentes. Asimismo, la familia desmiente algunos de los señalamientos hechos contra el médico, quien hasta entonces era el principal cuidador de las niñas, de cuatro años, dos años y tres meses de edad. Entre ellos, que la mayor no acudía a la escuela por encontrarse privada de su libertad. 
Su primo aseguró que cuentan con una constancia oficial del plantel, además de fotografías en las que aparece participando en festivales y otras actividades escolares. También reiteró que los abuelos paternos no comenzaron a cuidar a las menores a raíz del conflicto, sino que ya participaban de manera constante en su crianza. Un documento que consideran claveEn el expediente 794/2023, tramitado ante el Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, en Zacatelco, Tlaxcala, quedó asentada una decisión que la familia de Erick considera clave para explicar qué ocurrió con las tres menores. Durante una audiencia de Junta Familiar, encabezada por la jueza Aurora Mercedes Moctezuma Martínez, se decretó la guarda y custodia provisional de las niñas a favor de sus abuelos paternos, Blanca Patricia Rojas Tagle y José Francisco Héctor Larios Gómez. 
La resolución se emitió meses después de la detención de Erick. Hasta entonces, según declararon los abuelos bajo protesta de decir verdad, él era quien se encargaba principalmente del cuidado de las niñas, con apoyo de sus padres. En el acta se asentó que la detención del padre había dejado a las menores sin su cuidador inmediato. Los abuelos también señalaron que habían participado en el cuidado de las niñas desde que nacieron, debido a las actividades laborales de Erick como médico. Tras su detención, las menores fueron trasladadas a Zacatelco, donde quedaron bajo su cuidado. La jueza tomó la decisión con base en el interés superior de las menores, al considerar necesario garantizarles estabilidad, seguridad y las condiciones para su desarrollo. La familia acreditó que las niñas no estaban desaparecidasLa familia de Erick afirma que, meses antes de que se libraran nuevas órdenes de aprehensión, ya había informado formalmente a la Fiscalía de Puebla que las tres niñas podían ser localizadas y que contaban con una custodia decretada por un juzgado de Tlaxcala. El 24 de noviembre de 2023, José Francisco Héctor Larios Gómez, abuelo paterno de las niñas, presentó ante la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares un escrito para acreditar la custodia legal de sus nietas. 
La promoción, dirigida a la agente del Ministerio Público Ana Patricia López Vázquez, dentro de la carpeta FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS.L-I/001474/2023, anexó el acta de Junta Familiar del expediente 794/2023, con la que el Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, en Zacatelco, había otorgado la custodia provisional de las menores a sus abuelos el 26 de octubre de 2023. El 22 de febrero de 2024, la familia volvió a informar a la Fiscalía sobre una resolución federal relacionada con la custodia. Según su versión, el Juzgado Tercero de Distrito de Tlaxcala había negado a Ana Karen la suspensión definitiva que solicitó para recuperar a las menores. Después, el 6 de mayo de 2024, Héctor Larios presentó otra promoción y anexó una resolución del amparo 290/2024-III. De acuerdo con la familia, esta determinación concedió una suspensión definitiva relacionada con la permanencia de las niñas con sus abuelos, por lo que solicitaron la cancelación y baja de los tres boletines de búsqueda.
Las tres menores fueron entregadasEn octubre de 2025, el caso volvió a cambiar. Los abuelos paternos habían obtenido una resolución federal relacionada con la medida cautelar de Erick. Poco después surgieron nuevas órdenes de aprehensión contra integrantes de la familia y una carpeta de investigación por desaparición forzada de personas cometida por particulares. Ante el temor de que más familiares fueran detenidos, Erick decidió entregar voluntariamente a sus tres hijas a la Fiscalía de Puebla, para demostrar que las niñas nunca estuvieron ocultas. Las tres menores fueron entregadas y actualmente viven con su madre. Sin embargo, la entrega no puso fin al conflicto, ya que la nueva carpeta de investigación permanece abierta. ¿Por qué una nueva carpeta?La Fiscalía de Puebla busca vincular a Erick por desaparición forzada de personas cometida por particulares. La familia cuestionó esta acusación por dos razones: Erick es el padre biológico de las niñas y contaba con medidas de custodia vigentes cuando permanecieron bajo su cuidado. Además, las menores fueron entregadas voluntariamente a la Fiscalía y actualmente viven con su madre. La defensa sostiene que la nueva acusación estaría relacionada con hechos que ya forman parte del proceso penal contra Erick y advierte que podría implicar un doble juzgamiento. No obstante, será el juez quien determine si existen elementos suficientes para vincularlo por este nuevo delito. Por ello, la familia pidió que la decisión se tome considerando todos los elementos que han presentado y que presuntamente fueron ignorados al inicio del conflicto. Además, la familia Larios presentó denuncias y quejas contra servidores públicos por presuntas irregularidades en la integración de las carpetas y en las actuaciones judiciales. 
Entre ellas se encuentra una queja presentada el 5 de marzo de 2024 por Erick Larios contra la agente del Ministerio Público Isamar Olaf Alvarado Martínez, a quien señaló por presuntamente ocultar elementos que consideraba favorables para su defensa y cometer irregularidades dentro de la carpeta relacionada con la denuncia por violencia familiar. Una semana después, el 11 de marzo, la FGE Puebla remitió a la Fiscalía de Combate a la Corrupción una denuncia presentada contra la jueza de Oralidad Familiar de Cholula, María de los Ángeles Muñoz Cortés, y la diligenciaria Luz Edith Simón Peña, por presuntas conductas relacionadas con la administración de justicia. 
Meses después, el 20 de agosto de 2024, Erick presentó otra denuncia contra el mismo Ministerio Público, ahora por presunta falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad judicial. Los abuelos también esperan que se haga justiciaPara Héctor y Patricia, padres de Erick, el proceso tampoco ha terminado. Ambos estuvieron presos y recientemente obtuvieron su libertad, aunque permanecen bajo prisión domiciliaria en Puebla. En entrevista con este medio, el abuelo paterno aseguró que su estado de salud y el de su esposa se ha deteriorado durante su paso por los penales, mientras que las restricciones judiciales les han dificultado retomar sus actividades económicas. Además, enfrentan dos causas penales: una por sustracción de menores y violencia vicaria, y otra por desaparición forzada de personas cometida por particulares. Su defensa pidió acumular ambos procesos para que las acusaciones se resuelvan dentro de un solo procedimiento. Sin embargo, la audiencia para determinar si pueden unificarse fue programada hasta el próximo 20 de octubre de 2026.
La otra versión: Ana Karen pidió que encontraran a sus hijasDel otro lado de esta historia está la visión de Ana Karen Rodríguez Sánchez. En noviembre de 2022 denunció que Erick la había agredido y expulsado del domicilio que, según su relato, compartían en San Pedro Cholula. El conflicto habría comenzado por una discusión con su expareja, después de que ella llevó a una de sus hijas con otro pediatra, debido a que no mejoraba tras un episodio de Covid-19, pese a que Erick era el médico de cabecera de las menores. Según relató, él se molestó al encontrar la receta del otro especialista. En ese momento, ella y su madre también señalaron que Erick, en su calidad de médico, habría administrado medicamentos caducos a las niñas. Después de aquella discusión Erick se quedó con sus tres hijas y desde entonces perdió contacto con ellas. Durante los meses siguientes acudió a medios de comunicación y redes sociales para pedir ayuda en su localización. La historia se convirtió en un caso mediático. Se difundieron las fichas de Alerta Amber de las tres niñas y se realizaron cateos en Puebla y Tlaxcala. En enero de 2025, Ana Karen seguía declarando públicamente que desconocía dónde estaban sus hijas y que llevaba más de dos años sin verlas. También denunció que las menores permanecían ocultas y que no acudían a la escuela. La Fiscalía de Puebla informó que investigaba la presunta sustracción de las niñas y posteriormente detuvo a familiares de Erick, incluida su pareja, mientras continuaban las labores para localizarlas. Pero la historia cambió en octubre de 2025, cuando las tres niñas fueron entregadas y quedaron bajo el cuidado de Ana Karen. Las autoridades poblanas señalaron que las menores habían sido localizadas después de casi tres años y que su madre contaba con la custodia legal otorgada por la autoridad judicial competente. También señaló que las niñas recibirían atención especializada para garantizar su bienestar. Cabe destacar que los documentos presentados por la familia Larios no determinan, por sí mismos, que Erick tenga la razón en el conflicto por la custodia. De la misma forma, las denuncias y declaraciones de Ana Karen tampoco deben ser desestimadas o minimizadas, pues forman parte de la versión de la madre y de las investigaciones iniciadas a partir de sus señalamientos. Corresponderá a las autoridades competentes analizar de manera integral los elementos del caso, contrastar ambas versiones y determinar las responsabilidades que correspondan, así como esclarecer la actuación de los servidores públicos que han intervenido durante estos casi cuatro años. |