Puebla concentra siete de las 119 comunidades, municipios y regiones que han expresado rechazo o inconformidad con la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y con el proceso de consulta impulsado por el gobierno federal, de acuerdo con el “mapa de la inconformidad” de la Fundación-Colectivo Indígenas 3D. Entre las expresiones de rechazo en la entidad se encuentra la de Cholultecas Unidas y Unidos en Resistencia (CHUR), cuyos integrantes cuestionaron los tiempos y la metodología de la consulta. Señalaron que comunidades de la región Cholulteca no fueron convocadas a los acuerdos previos y calificaron el ejercicio como una “simulación de consulta indígena”.
CHUR advirtió que no es posible analizar una iniciativa de 453 artículos durante una mesa de cinco o seis horas y reclamó mayor tiempo, así como acompañamiento de especialistas en derecho indígena elegidos por las propias comunidades. Incluso planteó que una legislación de esta dimensión debería discutirse durante al menos dos años. Los integrantes del colectivo también cuestionaron que exista un periodo reducido entre el cierre de los foros y la presentación de la iniciativa ante el Congreso de la Unión, prevista para el 12 de octubre, además de exigir mecanismos para verificar que las propuestas comunitarias sean incorporadas al texto final. Aunque reconocieron aspectos positivos de la propuesta, como el pluralismo jurídico, la jurisdicción indígena y el consentimiento libre frente a proyectos con afectaciones significativas, advirtieron sobre disposiciones relacionadas con recursos naturales considerados estratégicos por el Estado. Te puede interesar: CNI acusa “simulacro” en ley indígena de Sheinbaum y advierte continuidad del despojo territorial En particular, CHUR sostuvo que cuando un proyecto genere una afectación significativa debe prevalecer la decisión de las comunidades: “cuando el pueblo diga no, es no”. También rechazó que el INPI y la Secretaría de Gobernación determinen qué medidas pueden afectar a los pueblos y cuándo procede una consulta. La inconformidad de Puebla forma parte de un mapeo nacional en el que Indígenas 3D documentó pronunciamientos, acuerdos de asamblea, acciones de rechazo y recursos legales en 15 estados y 17 pueblos. El registro, que continúa actualizándose, actualmente reporta 122 comunidades, municipios y regiones.
El gobierno federal sostiene que el proceso busca recoger las propuestas de los pueblos para integrarlas a la iniciativa. De acuerdo con información del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se realizaron visitas informativas en 16 mil 681 comunidades de 28 estados, durante las cuales se entregaron la convocatoria, el protocolo de consulta, el proyecto de ley y materiales explicativos. En Puebla fueron contempladas cuatro asambleas regionales, mientras comunidades y organizaciones cuestionan que los tiempos establecidos permitan una deliberación suficiente sobre una propuesta que pretende regular derechos, autonomía, territorio, justicia y participación política de los pueblos indígenas y afromexicanos. |