27 Septiembre 2026

Organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos exigieron transparencia a la Fiscalía General del Estado (FGE) tras la detención de Hugo Arturo Mendoza González, integrante del Colectivo Hermanos Serdán y promotor de recursos legales contra el proyecto del Cablebús en Puebla.

A través de un comunicado dirigido a la Fiscalía, al gobernador Alejandro Armenta Mier, así como a organizaciones sociales, medios de comunicación y organismos de derechos humanos, los colectivos solicitaron información inmediata sobre las circunstancias de la detención, los delitos que se le imputan y su situación jurídica.

La detención de Mendoza González ocurrió en el contexto de una denuncia presentada por su expareja, quien lo señaló por hechos relacionados con presunta violencia de género. El caso ha generado versiones contrapuestas entre las partes y, antes de su detención, el Colectivo Hermanos Serdán difundió un posicionamiento acompañado de videograbaciones relacionadas con los hechos.

Ante este escenario, las organizaciones pidieron que todo el material disponible sea incorporado a la investigación y valorado por la autoridad, al considerar necesario que el caso sea esclarecido mediante una investigación imparcial.

Piden evitar condenas anticipadas

En el comunicado, los colectivos remarcaron que las denuncias por violencia contra las mujeres deben ser investigadas y, cuando se acrediten responsabilidades, sancionadas. Sin embargo, señalaron que estos procesos no deben convertirse en mecanismos para desacreditar a activistas, criminalizar movimientos sociales o resolver disputas políticas.

 

También solicitaron que durante el procedimiento se respeten la presunción de inocencia, el derecho a una defensa adecuada, la integridad personal y el debido proceso.

Entre sus principales demandas se encuentra que la Fiscalía proporcione información oficial sobre la situación jurídica y las condiciones en las que se encuentra detenido Mendoza González, además de garantizar su acceso a una defensa adecuada.

 

Los firmantes también pidieron que se protejan los derechos y la integridad de la persona denunciante, evitando cualquier forma de revictimización, y exigieron el cese de filtraciones de información y de lo que calificaron como “condenas mediáticas anticipadas”.

Vinculan el caso con oposición al Cablebús

El comunicado también aborda la participación de Mendoza González en la defensa jurídica de comunidades que se han manifestado en contra del proyecto del Cablebús.

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Los colectivos consideraron que esta circunstancia obliga a las instituciones de procuración de justicia a actuar con absoluta transparencia y a descartar cualquier utilización selectiva de las instituciones para intimidar o debilitar la oposición ciudadana al proyecto.

En este contexto, el documento menciona otros casos que, desde la perspectiva de las organizaciones, forman parte de un escenario de criminalización de la protesta y persecución contra luchadores y defensores de derechos humanos, entre ellos los de Renato Romero, Pascual Bermúdez, Miriam Estrada y Alejandro Martínez, además de una agresión denunciada por opositores al Cablebús frente al Congreso del Estado.

Los colectivos insistieron en que la investigación debe avanzar sin convertir el caso en un instrumento de persecución política ni en un juicio mediático.