Irene acusa omisiones y pide imparcialidad en proceso contra funcionario judicial

En febrero de 2024, Irene interpuso una denuncia por violencia familiar en contra de su excónyuge, Carlos Isauro N., un trabajador del Poder Judicial de Puebla que actualmente se desempeña como secretario proyectista del Juzgado Cuarto familiar.

Pese a que elementos de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (Udaim) retiraron al sujeto en cuestión del lugar en donde ocurrió su último episodio de agresiones, la denuncia de la agraviada no fue judicializada en ese momento.

Al contrario, el señalado comenzó a promover distintas acusaciones en contra de Irene por hacer pública la situación; dichas acusaciones sí procedieron rápidamente, en tan solo cuatro meses, y derivaron en la detención y reclusión de Irene en dos distintos penales.

Tras prácticamente un año de estar privada de su libertad, de agosto de 2024 a agosto de 2025, la agraviada continuó con su lucha legal para exigir justicia.

Así, su denuncia por violencia familiar por fin fue judicializada y este 15 de octubre fue citada al Centro de Justicia Penal de Puebla a audiencia de imputación en contra de su excónyuge.

"El agresor es el padre de mis hijos con el cual estuve casada por más de 20 años; a raíz de los diferentes episodios de violencia que yo vivía, un día decidí que ya no más porque mis hijos ya se hablan familiarizado con la violencia que yo vivía", expresó.

Respaldada por integrantes de la colectiva Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, Irene acusó que no solamente fue víctima de violencia familiar por muchos años, sino también de violencia y omisión institucional.

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Lo anterior debido a que las diligencias y notificaciones judiciales en su contra fueron realizadas cuando ella estaba privada de su libertad en Ciudad Serdán.

Por otro lado, subrayó que la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) emitió una recomendación a su favor y pidió al Poder Judicial de Puebla que sea imparcial en su caso, es decir, que no actúe con favoritismos.

Es oportuno agregar que la fundadora de Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, Gabriela Rosas, hizo un llamado al presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez, para que revise el caso de Irene.