Sarahí Ortega Morales dio a conocer que hace cuatro años interpuso una denuncia contra su expareja por el delito de abuso sexual en agravio de su hija, registrada en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/SEXUALES-I/008302/2022. Sin embargo, dicha denuncia no ha sido judicializada y actualmente una jueza federal ha ordenado que la menor conviva los fines de semana, de viernes a domingo, con su presunto agresor. Te puede interesar: Irregularidades del Cecofam ponen en riesgo a las infancias poblanas En entrevista, Sarahí señaló entre lágrimas que es a partir de este 23 de octubre cuando debe comenzar a llevar a su hija con su padre.
La ciudadana mostró algunos de los documentos que integran su carpeta de investigación, entre los que destacan dictámenes psicológicos y periciales realizados a su hija.  Abundó que la niña rindió un testimonio ante elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) mediante una entrevista lúdica, una herramienta clínica y de evaluación en psicología infantil que utiliza el juego como principal medio de comunicación. Asimismo, reiteró que la agente del Ministerio Público que recibió su denuncia no ha ordenado la judicialización de la carpeta. Cabe mencionar que la judicialización es el acto por el cual el Ministerio Público turna una carpeta de investigación ante un juez de control para solicitar el inicio formal de un proceso judicial. Sarahí explicó que el presunto agresor es un empresario de origen español que, según su testimonio, le dijo que tiene mucho dinero para "comprar" o influir en las decisiones de las autoridades judiciales. Asimismo, lo acusó de tener vínculos con el partido Morena, pues indicó que sus representantes legales son Violeta Lagunes y Mario Bracamonte, quien fue dirigente estatal de ese partido. Detalló que la jueza que ha ordenado la convivencia de la menor con su progenitor se llama Blanca Alicia Lugo Pérez, perteneciente al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. La funcionaria fue cuestionada en mayo pasado por agrupaciones poblanas debido a sus resoluciones en los juicios de amparo interpuestos contra el sistema de transporte por cable. Sarahí también informó que Gloria Báez León es la agente del Ministerio Público que, según denunció, no ha judicializado su carpeta y que recientemente le concedió medidas de protección para la niña. Añadió que, pese a esas medidas, la jueza Lugo Pérez ha ordenado un régimen de convivencia entre la menor y el denunciado. Subrayó que, si no cumple con ese mandato, podría ser detenida.
Sarahí informó que ha acudido a distintas instancias para pedir ayuda, entre ellas la Secretaría de las Mujeres y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla). En el caso de la Fiscalía, señaló que no ha podido contactar a su titular, Idamis Pastor Betancourt.
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