La aprobación de la llamada “Ley Antimemes” podría permitir investigaciones penales contra periodistas, artistas y personas que critiquen a las autoridades mediante imágenes, logotipos o símbolos institucionales, advirtió ARTICLE 19 México y Centroamérica, tras la aprobación de reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal en la Cámara de Diputados. La organización rechazó el decreto aprobado por considerar que contiene disposiciones ambiguas que podrían utilizarse contra expresiones informativas, críticas, artísticas o satíricas. Te puede interesar: Senado aprueba Ley Antimemes; ¿qué es y qué sanciona realmente? La reforma contempla penas de prisión por usar o imitar la identidad gráfica gubernamental cuando existan elementos relacionados con la escala comercial, el engaño y la intención de cometer un ilícito. Sin embargo, ARTICLE 19 señaló que estos requisitos no distinguen claramente entre las conductas inadecuadas que constituyen un delito de fraude y el ejercicio de la libertad de expresión o la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Alerta por autocensura y sanciones desproporcionadasARTICLE 19 alertó que enfrentar una investigación penal o prisión por modificar un logotipo institucional podría generar autocensura, desalentar la crítica y limitar el debate público. También cuestionó la proporcionalidad de las penas, al recordar que el Artículo 22 de la Constitución mexicana establece límites a las sanciones. Por ello, consideró que el Estado debe justificar la necesidad de recurrir a prisión y explicar por qué otras medidas serían insuficientes. La organización señaló además la modificación al Artículo 429 del Código Penal Federal, que establece que los delitos de ese título “se considerarán cometidos en forma dolosa”. Según la organización, esta redacción podría interpretarse como una presunción de intención delictiva, en lugar de exigir al Ministerio Público acreditarla en cada caso. De aplicarse así, advirtió, podría invertir la carga de la prueba y afectar la presunción de inocencia. El T-MEC no exime de proteger derechos humanosARTICLE 19 cuestionó que los cambios se justifiquen por compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Señaló que la armonización comercial debe respetar la Constitución y los tratados internacionales sobre libertad de expresión y debido proceso. A juicio de la organización, la reforma incumple los principios de legalidad, taxatividad y proporcionalidad, además de contravenir la mínima intervención y la última ratio, que reserva el derecho penal como último recurso. Ante estos riesgos, llamó al Ejecutivo Federal a formular observaciones al decreto y devolverlo al Congreso de la Unión, así como a las y los legisladores a establecer reglas claras que impidan sancionar expresiones legítimas bajo el argumento de proteger la propiedad industrial y la identidad gráfica institucional.
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