Lydia Cacho Ribeiro y la organización ARTICLE 19 reiteraron su exigencia de que el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, reciba la pena máxima por el delito de tortura contra la periodista, para sentar un precedente en el combate a la impunidad en los ataques del poder contra el gremio. Tras la audiencia de alegatos finales del proceso penal, recordaron que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ordenó investigar y sancionar a los responsables de las violencias que sufrió la comunicadora. Te puede interesar: Se carean Lydia Cacho y Mario Marín: "No fui responsable" dice el exgobernador; "Sí, por eso huiste", revira la periodista En un comunicado, agradecieron a los medios de comunicación, periodistas y personas defensoras de derechos humanos que han estado pendientes del caso. También destacaron que durante la audiencia tanto Marín como su defensa tuvieron la oportunidad de presentar sus argumentos de conclusión. La periodista y su representación legal respaldaron la solicitud del Ministerio Público para imponer la pena máxima y señalaron que la jueza, como representante del Estado mexicano, debe garantizar los derechos humanos, investigar las violaciones y procurar que sean sancionadas y reparadas. La periodista y ARTICLE 19 señalaron que están a la espera de la resolución de la jueza María José Pech Sáenz, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo, con sede en Cancún. Advirtieron que el fallo determinará si quienes ejercen el poder político y privado pueden seguir violentando y torturando a periodistas sin consecuencias. ¿Cómo fue el careo entre Lydia Cacho y Mario Marín?La tarde del jueves, luego de una serie de retrasos judiciales relacionados con amparos y fallas técnicas, Lydia Cacho Ribeiro confrontó por primera vez al exgobernador Mario Marín, a quien responsabilizó de su detención ilegal y tortura. Marín Torres compareció desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como “El Altiplano”, donde negó haber ordenado las agresiones y sostuvo que no existen pruebas materiales suficientes para condenarlo. Durante la confrontación, Cacho Ribeiro solicitó una sentencia condenatoria, la pena máxima y la reparación del daño, incluida una disculpa pública para ella y para Puebla. Además, cuestionó que Marín hubiera huido de la justicia durante casi dos años y le recordó las llamadas filtradas con el empresario Kamel Nacif Borge. La defensa argumentó que las agresiones mencionadas en los audios no estaban dirigidas a Cacho y que las conversaciones, difundidas en febrero de 2006, fueron obtenidas mediante espionaje ilegal, por lo que deberían considerarse pruebas ilícitas. La jueza tendrá 60 días para emitir sentencia, pero antes deberá resolverse un amparo de la defensa relacionado con la salud del exmandatario poblano.
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