Desde hace aproximadamente un año y medio, Alejandra, sobreviviente de violencia vicaria en Puebla, decidió quedarse con su hijo tras descubrir que tenía distintas afectaciones en su salud como un hongo en la cabeza o infecciones en los dientes. Asimismo, su descendiente le confesó que tenía ganas de lastimarse a sí mismo ante las presuntas omisiones de cuidados y violencia que padecía en casa de progenitor.
Pese a tener evidencias de sus señalamientos, Alejandra fue denunciada por su expareja por el delito de sustracción de menores debido a que legalmente es quien tiene la custodia. En ese punto, Alejandra explicó que, en su momento, cedió la guardia y custodia de su vástago por un común acuerdo debido a que fue violentada u obligada para dar su firma. Agregó que "la custodia era del papá, pero la patria potestad era de los dos". Aunque ella se ha hecho cargo de los gastos para curar las lesiones o infecciones físicas de su menor, autoridades del Juzgado Familiar no tomaron en cuenta dicho aspecto e ignoraron su solicitud de obtener la tutela completa. Fue el pasado 2 de abril cuando Alejandra es vinculada a proceso en una audiencia que presuntamente tuvo muchas irregularidades, según lo considerado por ella y su abogada. Ello en virtud de que no estuvo presente alguna persona representante del Sistema Estatal DIF ya que se trata del caso de un menor. Alejandra también informó que, a la par de tener que defenderse de la denuncia en su contra, ha continuado su lucha legal para obtener la patria potestad de su vástago. Sin embargo, no lo ha logrado, porque acusó omisiones y falta de imparcialidad por parte de autoridades judiciales que tenían su expediente, por ejemplo, la jueza Amada María Teresa Márquez Bermúdez. Dicha funcionaria pública fue relevada del caso y ahora es el juez Luis Carrera López quien tiene en sus manos la definición del procedimiento familiar. Alejandra mencionó que el juez referido ordenó el pasado 9 de octubre una nueva sesión para escuchar el testimonio de su hijo, pero a más de un mes no ha tenido ninguna respuesta o actualización. Te puede interesar: Andrea Lezama y Gabriela Rosas cuestionan postura de abogados sobre violencia vicaria en Puebla A decir de la agraviada, tras ser vinculada a proceso el pasado mes de abril, su defensa interpuso un recurso de apelación y logró una reposición parcial de la audiencia. Así, este 10 de noviembre se esperaba que se diera cumplimiento a lo instruido por la Décima Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal del Estado, quien consideró hubo violaciones en el procedimiento. No obstante, se pospuso la sesión por segunda ocasión consecutiva y no hay nueva fecha específica para que se lleve a cabo. Alejandra señaló que el juez Miguel Ángel Martín Hernández Jiménez debió analizar cuidadosamente los datos de prueba y los argumentos presentados por su defensa antes de tomar una decisión. 
A pesar de lo anterior, fue vinculada a proceso por el delito de sustracción de menor y se le impusieron medidas cautelares. Entre dichas medidas están las de presentarse a firmar primer lunes de cada mes, no salir del estado, pagar una garantía de 7 mil 500 pesos y no acercarse al padre de su hijo.
Alejandra subrayó su petición a las autoridades para que actúen con perspectiva de infancias y pongan en el centro del interés la tranquilidad de su menor, el cual tiene 12 años de edad. |