La oposición de 139 comunidades, municipios y regiones de 19 estados, incluido Puebla, llevó al gobierno federal a poner en pausa la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, luego de que el proceso de consulta enfrentó cuestionamientos por su alcance y falta de aceptación entre sectores de la población indígena. La organización Indígenas 3D documentó 47 manifestaciones de inconformidad en distintas regiones del país, donde habitan alrededor de 167 mil personas adultas de hogares indígenas. Además, 20 comunidades rechazaron la consulta mediante acuerdos de asamblea, mientras que dos amparos permanecen en trámite contra el procedimiento; uno promovido por pueblos afromexicanos y otro por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán. 
Las inconformidades también derivaron en la suspensión o cancelación de reuniones en Milpa Alta, Pátzcuaro y Cherán, así como en la región Costa-Sierra de Guerrero. Los Chimalapas se negaron a ser sede de los encuentros; el pueblo wixárika notificó al INPI que no participaría y el pueblo tojolabal de Las Margaritas presentó una propuesta propia de ley. En Puebla, la entidad también quedó comprendida en el conjunto de estados donde se registraron inconformidades contra la iniciativa y el proceso de consulta. El comunicado de Indígenas 3D no desglosa cuántas comunidades poblanas integran el registro. El cuestionamiento al procedimiento también se refleja en las cifras del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que de las 82 reuniones regionales anunciadas reportó 77, con la participación de 13 mil 129 comunidades, frente a un catálogo de más de 16 mil. Te puede interesar: Siete comunidades de Puebla rechazan consulta sobre Ley Indígena; a nivel nacional suman 119 Pese a estos señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la mayoría de las comunidades coincidía con la propuesta y que las diferencias se concentraban en algunos temas. Sin embargo, el pasado 5 de noviembre anunció que la iniciativa quedaría en pausa, sin definir si será enviada al Congreso el próximo año o después de las elecciones de 2027. La propuesta había sido presentada el 29 de junio como un texto que ya estaba listo para su discusión legislativa y tenía como fecha de entrega el 12 de octubre. Ese plazo no se cumplió y la consulta fue ampliada por tiempo indefinido. Asimismo, la organización Indígenas 3D cuestionó que la iniciativa deje en manos del INPI el reconocimiento de los pueblos, que el Estado determine cuándo procede una consulta y que permita continuar con medidas sin el consentimiento comunitario cuando las autoridades consideren que sus efectos no son significativos. Aunque el Ejecutivo federal detuvo temporalmente el proyecto, no descartó presentarlo nuevamente con el mismo contenido, por lo que los cuestionamientos sobre el reconocimiento de la autonomía y el consentimiento de los pueblos indígenas permanecen sin resolverse. |