A través del informe “Juicio a la Justicia”, Amnistía Internacional (AI) denunció las “deficientes investigaciones” de feminicidios en el Estado de México por la “inacción y negligencia” de autoridades que provocan que los casos queden impunes.

“Las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales en los que México es parte”, mencionó la directora ejecutiva de AI México, Edith Olivares.

De acuerdo con la organización, en 2020 se registraron 3 mil 723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios en las 32 entidades del país.

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En su informe, se documentan cuatro casos emblemáticos ocurridos desde 2004 hasta 2018 en el Estado de México, los cuales exhiben “las deficiencias en las investigaciones penales” de los feminicidios.

Los casos analizados por AI fueron los de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 y aún con paradero desconocido, y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.

Los crímenes comparten que las autoridades estatales no inspeccionaron correctamente el lugar de los hechos, no resguardan las evidencias recopiladas y perdieron datos, objetos y testimonios.

Además, la Fiscalía General mexiquense no investiga de forma adecuada por “una sobrecarga de trabajo y carencia” de recursos, de manera que su personal debe pagar con sus propios medios el material necesario.

Asimismo, la organización denunció que “las autoridades no siempre examinan todas las líneas de investigación” y su falta de actuación lleva “a las familias de las víctimas, generalmente a las mujeres, a asumir el liderazgo de las investigaciones”.

 “El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades”, denunció la directora de Amnistía en México.

Las familias son revictimizadas porque deben invertir tiempo y dinero en investigar y presionar a las autoridades para que investiguen, y porque frecuentemente son amenazadas y maltratadas por algunas personas responsables de los delitos y, a veces, también por autoridades.

El organismo exigió que la Fiscalía estatal cuente “con los recursos humanos y financieros necesarios” para un trabajo eficiente y con perspectiva de género.

También pidió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que investigue “las deficiencias en las investigaciones penales” y al Gobierno federal “que reconozcan públicamente la magnitud del problema de los feminicidios”.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha atribuido el incremento de feminicidios de los últimos años al hecho de que las anteriores administraciones no los tipificaban correctamente.