Durante la primera sesión ordinaria del Congreso de la nueva legislatura, los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron una iniciativa para descriminalizar a las mujeres que aborten.

La propuesta estuvo a cargo de la diputada Martha Lourdes Ortega Roque, quien señaló que en esta entidad la norma penal da un trato severo a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo y a los médicos que las atienden.

“La legislación actual de Guanajuato resulta severa, no se encuentra ubicada a la realidad social existente, otorgando penas a la mujer o persona gestantes que voluntariamente interrumpan su embarazo y hasta para los profesionales que las asistan”, acotó.

La iniciativa plantea derogar la fracción IV del artículo 11 del Código Penal del Estado de Guanajuato que establece como delito grave el “aborto previsto por el artículo 158 con relación al artículo 161”.

También propone eliminar del Código Penal los artículos 159 y 160 que establecen penas que van de los 6 meses a los 3 tres años de prisión para la mujer que “provoque o consienta su aborto” y a la persona que “cause el aborto con el consentimiento de la mujer”; de ser médico, partero o enfermero también la suspensión en el ejercicio de su profesión por el mismo periodo.

Los diputados del PVEM plantean reformar el artículo 163 para que señale que “no es punible el aborto cuando sea causado por culpa de la mujer embarazada o persona gestante ni el procurado o consentido por ella cuando el embarazo sea el resultado de una violación o de una inseminación artificial en contra de su voluntad”.

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Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional la criminalización del aborto, dándole total invalidez a las penas que se ejerzan sobre las personas que interrumpan el embarazo, por ello, es necesario armonizar la legislación de Guanajuato, señaló Ortega Roque.

“Estamos convencidos que no se puede criminalizar a una mujer o persona gestante por el hecho de tomar la decisión sobre su cuerpo, es decir, de interrumpir el embarazo”, sostuvo la legisladora.

En Latinoamérica, 4 de cada 10 embarazos terminan en abortos, lo anterior derivado de las condiciones de inseguridad en que la mayoría de las mujeres de escasos recursos acceden a los servicios.