A pesar de que desde el 2000, la prostitución es legal en Países Bajos, siempre y cuando los trabajadores -en su mayoría mujeres- no sean menores de edad, víctimas de explotación o de trata de personas, el Ministerio de Justicia ha lanzado una campaña para destacar el papel de los clientes en la lucha contra la trata de personas.

Desde el 1 de enero de este año, los clientes que sepan o sospechen que hay coacción, explotación o trata de personas, cometerán un delito si siguen adelante en lugar de avisar a la policía.

Según la ley, los clientes pueden ser condenados a una pena de prisión de hasta cuatro años o a una multa de hasta 22.500 euros. Si la trabajadora sexual es menor de dieciocho años, la pena de prisión puede llegar a los seis años.

En las imágenes de la campaña “No todo es lo que parece”, se explican las posibles señales de los abusos que debe denunciar, por ejemplo, los moretones o señales de maltrato; el miedo; o el encuentro en un lugar apartado, como una zona industrial o un garaje.

Los anuncios aparecerán a lo largo internet, redes sociales y también en carteles en las ciudades.

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Según el portavoz Shamir Ceuleers, del Centro para la Trata de Seres Humanos de los Países Bajos, es importante que el papel de los clientes se destaque explícitamente en la ley.

“A menudo se tenía la impresión de que los clientes eran espectadores inocentes, pero son corresponsables si mantienen relaciones sexuales con alguien que, por ejemplo, es menor de edad”. Según el gobierno, esta ley se introdujo para regular la industria del sexo y garantizar que la seguridad y la salud de los trabajadores del sexo son primordiales.

Sin embargo, activistas de los trabajadores del sexo piensan que esto no hará mucha diferencia. De acuerdo con Marjan Wijers, de la plataforma SekswerkExpertise, la iniciativa es una “legislación simbólica perjudicial que no ayuda ni a las víctimas ni a los trabajadores del sexo”.

Según la abogada, uno de los efectos es que los clientes estarán menos dispuestos a denunciar los abusos. “Los clientes no querrán asumir el riesgo; al fin y al cabo, ellos mismos son punibles”.

Destacó que a menudo es casi imposible reconocer a las víctimas durante las visitas breves. “Ni siquiera los agentes de policía y los trabajadores sociales experimentados son capaces de hacerlo. Investigaciones anteriores realizadas en Finlandia también muestran que las víctimas están menos dispuestas a acudir a la policía por miedo a tener que declarar contra los clientes en casos penales y a que sus nombres sean conocidos por todo el mundo”.

Finalmente, Wijers cita investigaciones de Amnistía Internacional, entre otras, que demuestran que criminalizar a los clientes no conduce a una menor prostitución, pero sí expone más a los trabajadores del sexo a la explotación y la violencia.

Según la investigadora, la criminalización de los clientes en realidad empuja a las trabajadoras del sexo hacia la ilegalidad y la invisibilidad, en detrimento de su seguridad, su salud y su acceso a la ayuda.