Las colectivas GIRE, CAFIS y ODESYR informaron sobre un nuevo avance en la lucha por la despenalización del aborto en la entidad poblana, y revelaron que ganaron un amparo contra la regulación del delito de aborto en el estado de Puebla.

Así lo anunciaron en rueda de prensa, durante la cual explicaron que con dicho amparo a ninguna mujer o persona gestante que reciba asesoría, asistencia o defensa por parte de cualquiera de estas tres organizaciones se le podrá negar el servicio médico, ni podrá ser criminalizada por abortar o ayudar a que alguien aborte, alegando la existencia de ese delito en el Código Penal del Estado.

“Son necesarias otras acciones como la despenalización social del aborto. Muchísimas organizaciones apostamos por llevar nuevas narrativas, porque los estigmas y prejuicios en torno al aborto cada vez sean menos y que las mujeres o las personas con capacidad de gestar que decidan abortar no sean criminalizadas,” explicó Cinthya Ramírez de REDefine.

Por su parte Natalí Hernández, de CAFIS, reprobó la acción de los diputados locales, quienes “han dado largas” a la despenalización del aborto, poniendo de pretexto la atemporalidad que mantiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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Alegaron que otras iniciativas que también son señaladas como inconstitucionales se han llevado al Pleno en menor tiempo y hasta se han aprobado, por lo cual los acusaron de “no tener voluntad política”.

“Es curioso que, por ejemplo, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el cobro del Derecho al Alumbrado Público, ahí sí fue mandato, ahí sí fue inmediato. Ahí sí acapararon resolver adecuadamente,” reclamó la representante de CAFIS, Natalí Hernández.

El amparo fue presentado el 18 de febrero de 2022, y el 14 de octubre del mismo año un juez de distrito estableció en su sentencia que los artículos del Código Penal del Estado de Puebla que regulan el aborto autoprocurado y consentido son violatorios de derechos humanos, y que es inconstitucional su prohibición, así como la sanción al personal que brinde apoyo a la mujer o persona con capacidad para gestar, siempre que medie consentimiento.

El juez señaló además que, si bien la Constitución local reconoce que la vida debe ser protegida desde la concepción, esto no implica que deba utilizarse el derecho penal para sancionar a quien decide interrumpir su embarazo.

El 11 de noviembre de 2022 el Gobierno del Estado impugnó la sentencia, y el 8 de marzo del año en curso el Tribunal Colegiado informó que el Ejecutivo había presentado y ratificado el desistimiento, por lo que la sentencia de amparo quedará firme.