La Cámara de Diputados aprobó, con la mayoría calificada de 455 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones, el dictamen en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, mejor conocida como la iniciativa 3 de 3 contra la violencia.

La modificación aprobada establece que se suspenden los derechos de los ciudadanos que atenten contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, por violencia familiar, y violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género.

También, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. En esos supuestos, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada en el servicio público.

#DíaHistórico para todas las mujeres, costo mucho trabajo, meses de reuniones, debate, discusión, más sin embargo hoy se logro aprobar en el Pleno de la @Mx_Diputados la 3 de 3 contra la violencia, que impide a violentadores, abusadores y deudores alimentarios ocupar empleo 1/2

— Diputada Julieta Vences (@Julieta_Kristal) March 31, 2023

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Además, incorpora un lenguaje inclusivo y de mayor precisión en los requisitos para ser titular de la Fiscalía General de la República (FGR). El dictamen se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Al respecto, la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad en la Cámara de Diputados, Julieta Vences Valencia celebró la medida que fue impulsada por un grupo plural de diputadas que debatieron para evitar que los agresores sean servidores públicos.

“Día Histórico para todas las mujeres, costo mucho trabajo, meses de reuniones, debate, discusión, más sin embargo hoy se logro aprobar la 3 de 3 contra la violencia, que impide a violentadores, abusadores y deudores alimentarios ocupar un cargo público”, escribió la legisladora poblana en su Twitter.

Agradeció a todas las mujeres que trabajaro para concretar esta reforma Constitucional.

Por su parte, en el pleno de San Lázaro, la diputada poblana Blanca Alcalá Ruiz del PRI expuso que se busca evitar que no sean registrados como candidatas y candidatos a un cargo de elección popular ni ser nombrados en una comisión del servició público, a quienes hayan violentado.

“No más agresores en el poder público, la mujer no es un dato, sino una historia de vida y en todas tenemos mucho que aportar”.