Poblanas luchan por pago de pensión alimentaria

La lucha por el pago correspondiente de pensión alimentaria en el estado de Puebla es una travesía que atraviesa diferentes tipos de violencia de género ejercida tanto por el progenitor, como a nivel social y por las instancias de justicia.

El adeudamiento de pago de pensión alimentaria es una doble violencia: económica y de género. Este es un tema vigente en la entidad poblana, por lo cual en El Popular, periodismo con causa, se entrevistó a mujeres integrantes de la Colectiva por el Cuidado y una Vida Digna y Libre de Violencia.

Dicha colectiva se formó en octubre del 2023; actualmente está integrada por 17 mujeres que se encuentran en la misma situación pero bajo circunstancias distintas.

Entre ellas se asesoran, se acompañan y acuerpan en audiencias; no obstante, consideran que lo más importante es el acompañamiento emocional que se brindan la una a la otra.

Samaria, falsamente acusada de corrupción de menores

La vida de Samaria dio un vuelco en agosto del 2023, cuando su exesposo la acusó de corrupción de menores con la intención de retirarle la custodia de sus cuatro hijos e hijas; sin embargo, al demostrarse la falsedad de su declaración, ella se pudo quedar con sus hijos.

No solo ello, sino que desde el momento de su separación, el deudor alimentario no ha realizado los pagos correspondientes, y desde el mes de diciembre se agravó aún más la situación tras la decisión de Samaria de evidenciarlo públicamente.

Además, compartió que una de sus cuatro hijos tiene una discapacidad, por lo cual requiere tratamientos y alimentación especial, lo que genera fuertes gastos que el deudor alimentario se ha negado a pagar.

Cabe mencionar que ya está fijada una cuota de pago de pensión alimentaria, pero el violentador económico se ha negado a hacer los pagos y, cuando los ha dado, han sido menores a lo establecido.

Samaria realizó un llamado a las autoridades a revisar su carpeta con perspectiva de género y que obliguen al deudor a cumplir con sus responsabilidades.

Nuria ha sido amenazada para no hacer pública la falta de pago

Nuria compartió que desde hace tres años se separó de su exesposo y desde ese momento no ha recibido una pensión alimenticia digna para sus hijos; además, ha sido amenazada constantemente para evitar que haga público el caso.

Ello porque, según expresó, su exesposo es una persona influyente y con poder económico, debido a lo cual muchas veces sus denuncias contra él no avanzan.

No obstante, Nuria les dice a las víctimas de este tipo de violencia que no tengan miedo y se animen a realizar las denuncias correspondientes para que estos temas no queden impunes.

Asimismo, pidió a las autoridades realizar su trabajo de forma ética y con perspectiva de género.

Adela lleva 17 años sin recibir la pensión que requiere

Adela también compartió su caso: tiene una hija de 27 años de edad con una discapacidad motriz e intelectual que le impide todo movimiento, por lo que depende al 100% de ella.

Ya han pasado 17 años desde que el deudor alimentario abandonó el hogar, y a partir de entonces no ha realizado un pago digno de una pensión alimenticia, ni mucho menos del tratamiento que requiere su hija.

Nos compartió que por mucho tiempo ella intentó no pedirle ningún recurso económico, pero con el tiempo se dio cuenta que ella va creciendo y ambas necesitan pasar tiempo de calidad –no solamente estar juntas–

Además, quiere garantizar una vida digna a su hija, puesto que ante su ausencia no habrá quien se haga cargo de ella.

Refirió que en este caso el deudor alimentario no aparece en el INE, en el seguro social ni cuenta con ningún documento oficial, por lo cual ninguna demanda ha procedido.

No solo eso, sino que también ha puesto todas sus propiedades a nombre de su familia.

Nuria solicita a las autoridades que su caso sea revisado, se dé con el paradero de su expareja y se le exija el pago de la pensión, puesto que necesita asegurar el futuro de su hija.

Por otra parte, refirió que ha recibido violencia institucional de género, puesto que cuando acude a colocar sus denuncias tiene que llevar a su hija porque no tiene quien la cuide, y ha recibido comentarios por parte de las autoridades diciendo que es solamente la lleva para llamar la atención y causar lástima.

Marichel ha recibido comentarios revictimizantes

En el caso de Marichel, su expareja es un coach muy reconocido del estado de Tijuana que no se ha hecho cargo ni económica ni emocionalmente de su hijo de 11 años.

Ella relata que al principio no emitió ninguna demanda y aceptaba recibir la poca cantidad de dinero que su expareja le daba para su menor. Ello cambió cuando sufrió un asalto violento en el estado de Oaxaca en el que casi pierde la vida, lo que le hizo reflexionar que tenía que dejar a su hijo con una buena pensión alimentaria.

Así, fue en abril de 2021 cuando ella decidió iniciar el proceso de denuncia, cuyo proceso se ha complicado debido a que su expareja es de otro estado, además de que no ha habido un reconocimiento por parte de él, puesto que en menor solo tiene los apellidos de Marichel.

Cabe mencionar que desde que ella inició el proceso de demanda, él se ha deslindado totalmente de realizar pago alguno por la pensión alimenticia; es decir, desde hace cuatro años Marichel no ha recibido ninguna aportación económica.

Resaltó que ha recibido comentarios revictimizantes de diferentes abogados y abogadas, quienes le han dicho que sería mejor que se hubiera quedado con lo poco que le daba y no pelear por lo que es justo.

Daniela, víctima de violencia vicaria

Daniela ha sido víctima de violencia vicaria por parte de David N –su expareja sentimental–, quien le arrebató a su hija y la acusó de abuso sexual debido a que se negó a regresar con él.

Por ello, compartió que ha realizado llamados a las autoridades para actuar conforme a derecho, con perspectiva de género y anteponiendo el interés superior de la niñez respecto a la violencia vicaria ejercida en su contra por parte de David N.

Pero a más de cinco años de que Daniela decidió terminar esa relación, ella sigue luchando por recuperar la custodia de su hija, con quien ha tenido una comunicación restringida y limitada.

Es más, actualmente solo la puede ver tres horas a la semana.

Daniela compartió que, tras la separación, David N la amenazó y realizó acciones que afectaron directamente a la familia de Daniela. 

De esa forma, ante la presión ejercida por su violentador, decidió firmar un documento donde accedía a la custodia compartida de la menor.

No obstante, David N le quitó a la niña después de la primera visita y la acusó de abuso sexual en contra de la menor.

A partir de ese momento, Daniela ha presentado un sinfín de batallas legales, pero todavía no se le ha permitido tener la custodia de su hija.

Cabe mencionar que en un inicio este caso fue llevado por la activista feminista Cecilia Monzón, a quien Daniela recuerda con mucho cariño y agradecimiento.