En el marco del Día Internacional de la Mujer, las cifras oficiales revelan que la violencia contra las mujeres en Puebla no es un discurso, sino una realidad sostenida y cotidiana. Entre enero de 2025 y enero de 2026, la incidencia delictiva reportada por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) documenta miles de carpetas de investigación por delitos que afectan directamente la vida, la integridad y la libertad de niñas y mujeres. En ese periodo se iniciaron 27 carpetas de investigación por feminicidio: una cometida con arma de fuego, seis con arma blanca y 20 con otros medios. En promedio, se abrió una carpeta cada 14 días, es decir, prácticamente dos feminicidios al mes. Los picos más altos se registraron en enero y mayo de 2025. Te puede interesar: Aumentan registros y persiste brecha en denuncias; el mapa de las violencias contra las mujeres La violencia sexual también mostró una incidencia alarmante. Se abrieron 4 mil 452 carpetas por delitos contra la libertad sexual, lo que equivale a 12 denuncias diarias en promedio. Dentro de esta clasificación, el abuso sexual encabezó las cifras con 972 casos (casi tres diarios), seguido por violación con 494 (más de una denuncia al día) y acoso sexual con 483. Agosto de 2025 fue el mes con mayor número de registros, con 408 carpetas iniciadas. En el ámbito familiar, la violencia mantiene una presencia estructural. Entre enero de 2025 y enero de 2026 se contabilizaron 12 mil 723 carpetas por delitos contra la familia, es decir, alrededor de 35 denuncias cada día. De estas, 11 mil 399 corresponden a violencia familiar (31 diarias), 518 a incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y 806 a otros delitos relacionados. A la par de estas cifras, la información oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP) señala que actualmente 212 mujeres permanecen desaparecidas y no localizadas, lo que representa el 21.72 por ciento del total de personas desaparecidas en la entidad. Sin embargo, la última actualización pública de estos datos se realizó en 2024. Organizaciones y colectivas han señalado que la falta de actualización y seguimiento puntual por parte de la Comisión de Búsqueda adscrita a la Secretaría refleja una deuda institucional con las familias. La ausencia de información reciente no solo limita el acceso a la verdad, sino que obstaculiza la evaluación ciudadana sobre las acciones emprendidas para la localización de mujeres desaparecidas. Te puede interesar: ¿Por qué se marcha el 8M en México? En contraste con este panorama, uno de los avances más significativos en materia de justicia se dio en el caso de la activista y abogada Cecilia Monzón. Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 45 años de prisión contra Javier López Zavala por su responsabilidad en el feminicidio ocurrido en mayo de 2022. El tribunal determinó que el crimen se cometió en un contexto de violencia de género y aplicó criterios con perspectiva de género en la valoración de pruebas. La sentencia incluye la reparación del daño en favor del hijo de la víctima y ha sido considerada un precedente relevante en el combate a la impunidad en casos de alto perfil. El caso detonó movilizaciones masivas en Puebla y en otras entidades, convirtiéndose en un símbolo de la exigencia colectiva de justicia. No obstante, mientras una sentencia marca un avance, las cifras actuales evidencian que la violencia feminicida y sexual continúa siendo una crisis estructural. En el contexto del 8 de marzo, los datos oficiales muestran que, en Puebla, cada día, decenas de mujeres acuden a denunciar violencia en sus hogares, en espacios públicos y en entornos laborales o escolares. Las estadísticas no son números aislados: representan historias de vida atravesadas por agresiones que exigen políticas efectivas, presupuestos suficientes, investigaciones diligentes y una actualización transparente de los registros de desaparición. La demanda central de este 8M vuelve a ser la misma: el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, con acceso real a la justicia y con instituciones que respondan con rigor, perspectiva de género y rendición de cuentas.
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