Al menos mil 946 mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violación accedieron entre 2016 y 2025 a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) bajo la NOM-046, que permite interrumpir un embarazo producto de violencia sexual sin presentar previamente una denuncia penal. De los casos registrados en 27 estados, 796 correspondieron a niñas y adolescentes, de acuerdo con información obtenida por Corriente Alterna mediante solicitudes de transparencia a las 32 entidades. La cifra contrasta con las 197 mil 670 denuncias por violación simple y equiparada registradas en el país durante la misma década, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque este registro incluye a víctimas de ambos sexos y de todas las edades. 
El número de interrupciones podría ser mayor, debido a que Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y Tabasco no entregaron información o no contaban con datos desagregados. Veracruz, Jalisco y Ciudad de México concentraron el mayor número de casos de menores de edad. La NOM-046 establece que las víctimas deben solicitar por escrito el procedimiento y declarar bajo protesta de decir verdad que el embarazo es producto de una violación. A partir de los 12 años pueden hacerlo sin acompañamiento de un adulto. Te puede interesar: Acceso al aborto legal en Puebla sigue limitado: casi la mitad de casos usa método obsoleto Puebla suma más de 800 procedimientosEn Puebla, la despenalización del aborto en julio de 2024 permitió comenzar a registrar oficialmente los procedimientos realizados en hospitales públicos. La Secretaría de Salud reportó 429 interrupciones legales durante 2025 y más de 750 procedimientos en el sector público desde que se aprobó la despenalización en julio de 2024. Al corte del primer cuatrimestre de 2026, la cifra acumulada avanzó hacia los 800 casos totales. 
En menores de edad, entre la despenalización y finales de 2025 se contabilizaron 27 procedimientos en adolescentes de 13 a 17 años, el 83% realizados en el Hospital de la Mujer de la capital. A la par, estimaciones señalan que más de mil 200 mujeres y adolescentes poblanas acudieron durante el último año a clínicas privadas o a esquemas de acompañamiento independiente, lo que refleja las barreras que persisten para acceder al servicio público.
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