La igualdad jurídica no significa borrar las desigualdades que enfrentan las mujeres. Así lo sostuvo Luz Arredondo Díaz, representante en Puebla del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, en entrevista con el Popular, periodismo con causa, luego de la controversia generada por las declaraciones de docentes de la Escuela Libre de Derecho de Puebla sobre esta forma de violencia. El argumento de la activista surge después de que, durante una mesa de análisis organizada por dicha institución, el abogado Francisco Javier de la Fuente y Linares planteara reformar la legislación para que las sanciones por violencia vicaria también se apliquen a mujeres, bajo el argumento de que ellas pueden utilizar a sus hijas e hijos para dañar a sus exparejas. Por su parte, el docente Alberto Centeno Meza sostuvo que la perspectiva de género no debe aplicarse automáticamente, sino cuando se presenten determinadas características. Ante estos planteamientos, el Frente Nacional defendió la necesidad de preservar la especificidad jurídica de la violencia vicaria y advirtió que reconocer otras formas de victimización no justifica desdibujar una figura legal impulsada por mujeres que exigieron protección frente a la violencia ejercida mediante sus hijas e hijos.
Perspectiva de género no significa culpabilidad automáticaSobre las declaraciones atribuidas a Centeno Meza, la representación Puebla del Frente Nacional aclaró que la perspectiva de género no constituye un privilegio para las mujeres ni implica presumir culpabilidad contra los hombres. Explicó que esta metodología permite identificar relaciones desiguales de poder, estereotipos y condiciones de discriminación que pueden influir en el acceso a la justicia. Su aplicación, puntualizó, exige examinar las circunstancias particulares de cada caso. La organización también invocó el artículo 1 de la Constitución mexicana, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará como instrumentos que sustentan obligaciones estatales en materia de igualdad y protección frente a la violencia contra las mujeres. Te puede interesar: Escuela Libre de Derecho plantea sancionar a mujeres por violencia vicaria; minimiza la lucha que la hizo ley Piden no confundir violencia vicaria con conflictos de custodiaRespecto al argumento de que los hombres también pueden ser víctimas de conductas que afectan sus vínculos con sus hijas e hijos, el Frente Nacional reconoció que pueden existir obstrucciones de convivencias, retenciones injustificadas, amenazas y otras conductas que ameriten atención institucional y consecuencias jurídicas cuando corresponda. Sin embargo, sostuvo que no toda disputa por la custodia constituye violencia vicaria ni toda obstrucción parental configura violencia de género. Para determinarlo, señaló, deben examinarse los hechos, el contexto y los elementos jurídicos aplicables. La organización consideró que la respuesta legislativa debe consistir en garantizar herramientas efectivas para cada conducta, sin eliminar la especificidad de las protecciones desarrolladas para enfrentar la violencia contra las mujeres. 
También cuestionó el uso de cifras sobre supuestas proporciones de hombres y mujeres víctimas cuando no se presentan documentos que permitan verificar su origen. Solicitó que los porcentajes utilizados en el debate se acompañen de fuentes primarias, periodos, universos de estudio y metodologías, además de distinguir entre denuncias, investigaciones, hechos acreditados y resoluciones judiciales. En el mismo sentido, advirtió que una denuncia que no prospera no puede considerarse automáticamente falsa, pues esa conclusión requiere elementos que la sustenten. Afirmó que deben protegerse tanto la presunción de inocencia como el acceso de las mujeres a la justicia. Las infancias deben estar en el centro del debateEl Frente Nacional subrayó que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos propios y no pueden ser tratados como propiedad de sus progenitores ni como instrumentos en disputas familiares. Por ello, pidió que los procesos relacionados con convivencia, custodia y posibles violencias consideren el interés superior de la niñez, su derecho a ser escuchada y las circunstancias emocionales de cada caso. La representación sostuvo que restablecer una convivencia no debe reducirse a ordenar encuentros entre progenitores e hijos, especialmente cuando existen antecedentes de violencia, miedo o afectaciones emocionales. Las intervenciones, indicó, deben ser individualizadas y seguras.
Solicitan un foro plural a la Escuela Libre de DerechoEn el posicionamiento, Luz Arredondo Díaz, quien también se identificó como egresada de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, informó que solicitó al director de la institución, Roberto Zárate, aclarar si las declaraciones atribuidas a Centeno Meza corresponden a una opinión profesional o a una postura institucional. Asimismo, pidió organizar un foro académico plural con especialistas en derecho familiar, perspectiva de género, derechos humanos, derechos de las infancias y organizaciones feministas, bajo condiciones equitativas de convocatoria, instalaciones, difusión y acompañamiento institucional. La representante aclaró que la petición no busca censurar a los docentes ni descalificar a la institución, sino garantizar que las mujeres que han impulsado el reconocimiento de la violencia vicaria también participen en la discusión jurídica. Además, informó que el 21 de octubre presentaron una propuesta de armonización legislativa en la materia, recibida por las diputadas Norma Pimentel y Xel Arianna Hernández, con la finalidad de fortalecer la protección de las mujeres y las infancias. El posicionamiento concluye con un llamado a que el debate no se convierta en una competencia para determinar quién sufre más violencia, sino en una discusión sustentada en evidencia que permita identificar las distintas conductas, establecer mecanismos de prevención y protección, y garantizar justicia.
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