El documental Carta con dirección desconocida, realizado por cineastas poblanas, lleva a la pantalla la historia de Andrea Lezama Bonilla, una mujer que pasó más de seis años separada de su hijo y cuyo caso marcó un precedente judicial en Latinoamérica. Aunque logró recuperar la guarda y custodia, su proceso penal continúa sin una sentencia definitiva. También puedes leer: Frente Nacional contra la Violencia Vicaria exige rigor jurídico a la Libre de Derecho de Puebla La historia de Andrea Lezama Bonilla es el eje de Carta con dirección desconocida, un largometraje documental que aborda la violencia vicaria desde su experiencia y la de otras mujeres que han enfrentado la separación de sus hijas e hijos como una forma de control, castigo o daño. Andrea pasó más de seis años separada de su hijo. Cuando él tenía menos de dos años, su expareja se lo llevó y lo mantuvo alejado de ella. Cuando finalmente volvieron a estar juntos, el niño ya tenía ocho años. Entre una edad y otra transcurrieron años de búsqueda, procesos judiciales, puertas cerradas y una ausencia que ninguna resolución puede reparar por completo. Su hijo creció lejos de ella y Andrea tuvo que aprender a vivir con el dolor de no saber cómo cambiaba, qué le gustaba o cómo sonaba su voz mientras el tiempo avanzaba. En entrevista con El Popular, periodismo con causa, Andrea compartió su experiencia en la película, una producción impulsada por mujeres poblanas que busca mostrar las consecuencias humanas de una violencia que durante años fue minimizada. El documental no cuenta una historia con un final sencillo. Andrea consiguió recuperar a su hijo y obtuvo su guarda y custodia definitiva; sin embargo, la lucha penal contra su expareja continúa sin una sentencia definitiva, de acuerdo con la información pública disponible sobre el caso. La restitución de la convivencia no significó que terminara la búsqueda de justicia. “No nos van a devolver el tiempo” es la herida que atraviesa su testimonio: el tiempo que una madre no pudo compartir con su hijo y los años de infancia que él vivió separado de ella. Es una pérdida que no desaparece porque finalmente puedan volver a abrazarse. De una separación a un precedente en LatinoaméricaLa historia comenzó en junio de 2016, cuando la expareja de Andrea se llevó al niño, entonces de aproximadamente un año y diez meses, y lo mantuvo alejado de ella. Durante años, Andrea emprendió una búsqueda que incluyó procedimientos por la sustracción del menor, disputas de guarda y custodia y gestiones para localizarlo. El caso se convirtió en un referente judicial el 23 de octubre de 2022, cuando un juez vinculó a proceso a Ricardo N. por violencia familiar con la agravante de violencia vicaria. La resolución fue reconocida como la primera vinculación a proceso por este tipo de violencia en México y Latinoamérica. El precedente tuvo un peso que rebasó la historia individual de Andrea: mostró que la violencia ejercida contra una mujer mediante la separación, retención o utilización de sus hijas e hijos podía llegar a los tribunales bajo esta figura y no debía reducirse automáticamente a una disputa familiar. En abril de 2023, después de más de seis años de separación, Andrea consiguió la guarda y custodia definitiva de su hijo. Para entonces, el niño había pasado de ser un bebé a una persona con recuerdos, experiencias y una vida que su madre no había podido acompañar de manera cotidiana. La recuperación significó el reencuentro, pero también el inicio de otra etapa: reconstruir un vínculo que había sido interrumpido durante una parte decisiva de la infancia. En octubre de 2025, el caso volvió a generar preocupación. La jueza de control Alejandra Román Pérez modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta a Ricardo N. por arresto domiciliario. La decisión fue cuestionada por Andrea y por colectivas, que expresaron preocupación por las condiciones de seguridad de la madre y su hijo. El cambio de medida cautelar no equivale a una sentencia absolutoria ni significa que haya concluido el proceso penal. A cuatro años de aquella primera vinculación a proceso, el caso seguía sin una sentencia definitiva en la información pública localizada para esta nota. La demora plantea una pregunta inevitable: ¿cuánto debe esperar una mujer para que el reconocimiento judicial de la violencia que vivió se traduzca en una resolución de fondo? 
Diez abogados y una decisión: estudiar Derecho para defenderseAntes de convertirse en una acompañante de otras mujeres, Andrea tuvo que buscar quién la ayudara a recuperar a su hijo. En la entrevista con El Popular, relató que recurrió a diez abogados sin encontrar en esas representaciones la respuesta que necesitaba. Ante los obstáculos, tomó una decisión que cambió el rumbo de su lucha: comenzó a estudiar Derecho para comprender los procedimientos, las herramientas legales y las posibilidades que tenía para defender su caso. Su preparación no se quedó en el ámbito personal. A partir de lo que vivió, comenzó a orientar y acompañar a otras mujeres que enfrentan situaciones de violencia vicaria. Actualmente participa en el colectivo Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria, desde donde se brinda acompañamiento a víctimas. Su experiencia también le permitió identificar una realidad que atraviesa a muchas mujeres: además de enfrentar la violencia, deben aprender a navegar instituciones, reunir documentos, insistir ante autoridades y sostener procedimientos que pueden prolongarse durante años. La búsqueda de justicia, en esas circunstancias, se convierte en una tarea que consume tiempo, recursos y energía emocional. Para algunas mujeres, el proceso implica además reorganizar su vida laboral y familiar mientras intentan proteger a sus hijas e hijos. 
La revictimización también dicta cómo debe sentirse una madreDurante la conversación, Andrea puso sobre la mesa otra de las cargas que enfrentan las mujeres que denuncian violencia: la exigencia social de comportarse como víctimas de una manera determinada. Si una mujer intenta recuperar su alegría, puede encontrarse con cuestionamientos porque parece que ya superó lo ocurrido. Si expresa tristeza, enojo o agotamiento, también puede ser juzgada por incomodar a quienes la rodean. En medio de esa vigilancia, las mujeres deben demostrar una y otra vez que sufrieron violencia, que no exageran, que merecen ser escuchadas y que sus decisiones no las convierten en responsables de lo que vivieron. La revictimización no ocurre únicamente cuando una autoridad pone en duda un testimonio. También aparece cuando se responsabiliza a una madre por la conducta de su expareja, cuando se minimiza el daño provocado por la separación de sus hijos o cuando se le exige mantener una fortaleza permanente para ser considerada creíble. La violencia vicaria requiere una mirada que considere las relaciones de poder, las afectaciones emocionales y el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Ellos tampoco pueden reducirse a instrumentos de una disputa entre personas adultas: son sujetos de derechos cuya estabilidad, identidad y vínculos afectivos deben protegerse. 
“Carta con dirección desconocida”: una historia poblana que llega al cineLa experiencia de Andrea es el eje de Carta con dirección desconocida, documental mexicano de 2026, con una duración de 63 minutos, dirigido por Andrea Campos Castillo y Marilyn Escobar Martínez y producido por Erika Mercado Sánchez. La fotografía está a cargo de Armando “Psdo” Aguilar y Marilyn Escobar Martínez; el guion fue realizado por Andrea Campos y Érika Mercado. El proyecto forma parte de la selección de la 21.ª edición de DocsMX, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, que se realiza del 22 al 31 de octubre de 2026. De acuerdo con la programación oficial, la película tuvo su estreno mundial el viernes 23 de octubre, a las 18:00 horas, en la Cineteca Nacional de las Artes, en la sala 2. La siguiente función anunciada es el jueves 29 de octubre, a las 19:00 horas, en el Goethe-Institut Mexiko. El documental se inscribe en una edición del festival que reúne 136 películas de distintos países, entre ellas 61 producciones mexicanas. La selección coloca una historia nacida en Puebla dentro de una programación que permite que las experiencias locales dialoguen con públicos de otros territorios. Para Andrea, participar en este largometraje significa compartir una parte de su historia desde otro lenguaje. Ya no se trata solamente de explicar fechas, presentar documentos o relatar las dificultades de un procedimiento judicial: se trata de mostrar las consecuencias humanas de una separación prolongada y de hacer visible lo que ocurre detrás de una categoría jurídica. El proyecto fue realizado con participación de creadoras poblanas en sus principales áreas creativas, de acuerdo con la información compartida durante la entrevista. Esa presencia importa porque permite que una historia de violencia, resistencia y búsqueda de justicia sea contada desde un entorno cercano a la protagonista, con mujeres que conocen el contexto social del que surge. La intención es que el documental pueda llegar a otras ciudades de México y a públicos internacionales. También existe el interés de organizar una proyección en Puebla, para que las y los poblanos conozcan esta historia en la pantalla grande; esa presentación local, sin embargo, deberá anunciarse cuando se confirme fecha y sede. Puebla: entre el reconocimiento legal y la falta de sentenciasLa historia de Andrea no puede separarse de la situación que enfrentan otras víctimas en el estado. La violencia vicaria ha ganado reconocimiento jurídico y visibilidad pública, pero persisten dificultades para dimensionar su alcance y conocer cuántos casos llegan efectivamente a una sentencia. Un reporte publicado por Crónica Puebla el 5 de marzo de 2026 señaló que entre 2022 y 2025 se habían abierto al menos 25 carpetas de investigación por violencia vicaria en Puebla, sin que se registrara una sentencia por este delito en ese periodo. El mismo reporte indicó que colectivos locales acompañaban más de 18 casos. Estas cifras corresponden al corte reportado por ese medio y no deben interpretarse como el total de mujeres afectadas, pues una carpeta de investigación no equivale necesariamente a una víctima. En abril de 2026, la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de Puebla aprobó un proyecto de dictamen para establecer protocolos de prevención, detección y atención de la violencia vicaria, con participación de los ámbitos judicial, educativo, sanitario y de asistencia social. La propuesta contempla también medidas de protección para niñas, niños y adolescentes involucrados en estas situaciones. Sin embargo, la información pública disponible no permite presentar una cifra estatal consolidada y actualizada a octubre de 2026 que reúna todas las denuncias, víctimas, carpetas judicializadas y sentencias por violencia vicaria. Por eso, el dato de las 25 carpetas debe manejarse como el corte publicado para 2022-2025, no como una cifra definitiva de todo el fenómeno. La falta de una serie estadística completa también dificulta conocer cuántas mujeres continúan en litigio, cuántas han recuperado la convivencia con sus hijas e hijos y cuántos procedimientos siguen pendientes. Detrás de cada expediente hay circunstancias distintas, pero todas requieren que las instituciones actúen con perspectiva de género y con prioridad en los derechos de las infancias. Una historia que no termina con el reencuentroAndrea recuperó a su hijo. También convirtió su experiencia en una herramienta para acompañar a otras mujeres que buscan respuestas en un sistema que no siempre comprende la dimensión de la violencia que enfrentan. Pero hay algo que no se puede restituir con una resolución judicial: los cumpleaños que no compartieron, las etapas que transcurrieron a distancia, los cambios que una madre no pudo presenciar y el tiempo que su hijo vivió sin ella. Por eso, Carta con dirección desconocida no es únicamente el relato de una mujer que consiguió volver a estar con su hijo. Es también una historia sobre lo que ocurre cuando la justicia tarda, sobre las madres que deben aprender leyes para defenderse y sobre una sociedad que con frecuencia les exige resistir sin mostrar el dolor. La historia de Andrea llega al cine mientras su proceso penal continúa pendiente de una resolución definitiva. Su testimonio recuerda que reconocer la violencia vicaria en la ley es un paso, pero garantizar una justicia oportuna, proteger a las víctimas y evitar que las instituciones reproduzcan el daño son tareas que siguen sin concluir. Porque una madre puede recuperar el abrazo de su hijo, pero nadie puede devolverles los años que pasaron separados. |