Las víctimas de abusos sexuales en países como Chile, Colombia, México, Nicaragua o Argentina han señalado que el enorme poder que conserva la Iglesia Católica ha logrado consolidar el encubrimiento, diluir la presión mediática y social y ralentizar la vía judicial en sus denuncias.

Según estadísticas de la ONU, pese a ser la región del planeta con mayor población católica y el escenario de algunos de los casos más famosos, Latinoamérica se destaca también por ser la que tiene la menor tasa de denuncias -apenas un millar-.

En 2019, el prestigioso centro de pensamiento británico Child Rights International Network (CRIN) pronosticó una reactivación a los casos gracias a la implicación de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en diciembre de 2020 anunció un programa de defensa de las víctimas.

Lo cierto es que desde entonces la polémica ha casi desaparecido del foco mediático y legal debido, según algunos expertos, a la pandemia de COVID-19 pero sobre todo a la efectiva acción de la jerarquía eclesiástica, que ha redoblado una estrategia basada en el ocultamiento, el miedo a desatar conflictos familiares, la vergüenza, y distintos estigmas sociales hacia la homosexualidad, un prejuicio todavía muy extendido en todo el continente.

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México, que cuenta con una larga historia de pederastia, fue escenario uno de los escándalos más mediáticos, protagonizado por el padre Marcial Maciel (1920-2018), fundador de los Legionarios de Cristo, una de las órdenes más extendidas, ricas e influyentes del mundo.

Desde entonces, y según datos de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), al menos 271 sacerdotes han sido investigados por abuso sexual “sin que haya consecuencias” señaló Cristina Sada Salinas, activista social contra los abusos clericales del norteño y conservador estado de Nuevo León.

Maciel fue acusado de abusos sexuales contra decenas de seminaristas, una denuncia que abrió la puerta a que en 2019 la cantante Ana Lucía Salazar revelara que también había sufrido abusos entre 1991 y 1993 en un colegio de los Legionarios en Cancún.

“Lo que hicieron fue lo que hacen siempre, se llevaron (al clérigo acusado) de Cancún. De la noche a la mañana ya no estaba”, mencionó Bani López, quien denunció igualmente a la misma escuela y cuyo único deseo es que los Legionarios desaparezcan.

“Por cada víctima que conocemos, probablemente hay 50 o 100 más”, destacó Sada Salinas, para quien la reparación nunca podrá llegar sin el reconocimiento de la grave situación en el interior de múltiples instituciones religiosas de México, un país profundamente creyente.