Organizaciones sociales, comunitarias, religiosas y de derechos humanos de Puebla y Tlaxcala acusaron al gobierno federal de incurrir en una simulación del saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac, al considerar que su estrategia no atiende las causas de fondo de la devastación ambiental ni la crisis sanitaria acumulada durante décadas. Tras la presentación de los avances del programa federal por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con los titulares de Semarnat y Conagua, las organizaciones señalaron que las acciones se concentran en limpiar los cauces, recolectar basura, reforestar, construir plantas de tratamiento y aplicar multas, sin frenar la contaminación tóxica industrial. 
Uno de los principales cuestionamientos es que la NOM-001-SEMARNAT-2021 contempla apenas 22 sustancias y parámetros, mientras que en el cauce del Atoyac se han detectado más de 112 sustancias tóxicas. Por ello, señalaron que mientras no se actualicen y endurezcan las normas ambientales, el plan de saneamiento será insuficiente para prevenir nuevas descargas contaminantes. Las organizaciones también rechazaron que las plantas de tratamiento sean presentadas como la solución central a la crisis, debido a que no eliminan necesariamente la contaminación tóxica industrial. En ese sentido, expresaron preocupación por la propuesta de entregar a ejidos y comunidades las aguas tratadas y los lodos generados por esas instalaciones, al considerar que podrían conservar sustancias contaminantes. Te puede interesar: Reaparece espuma tóxica en el río Atoyac y colectivos reclaman omisión a Agua de Puebla Recordaron que la Recomendación 10/2017 de la CNDH y el Primer Informe Estratégico de 2023 documentaron los impactos sanitarios de la contaminación en la Cuenca del Alto Atoyac, incluidos daños genotóxicos en infancias. Por ello, cuestionaron que el gobierno federal siga hablando de las afectaciones a la salud como un “riesgo”, cuando, afirmaron, se trata de una problemática que ya afecta a comunidades enteras. Las organizaciones criticaron además que el gobierno plantee inspecciones y multas a empresas, pero no denuncias penales contra quienes contaminan, mientras que los pequeños talleres familiares de lavado de mezclilla enfrentan sanciones que pueden llevarlos a la quiebra. 
Por ello, exigieron la participación vinculante de las comunidades, atención a la contaminación industrial y sus efectos en la salud, así como transparencia en los monitoreos y diagnósticos. “Nos negamos a seguir poniendo a las y los enfermos y muertos; exigimos que se detenga la simulación”, señalaron. El pronunciamiento fue respaldado por organizaciones como el Centro Fray Julián Garcés, la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (RENACER), la Red TDT y la Asamblea Comunitaria Socioambiental de Tlaxcala.
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