Las acciones ambientales anunciadas por el gobierno federal para atender la contaminación de la Cuenca del Alto Atoyac (CAA) fueron calificadas como “performativas y onerosas” por 41 organizaciones, colectivos y centros de investigación de Puebla, Tlaxcala y el Estado de México, que advirtieron que las medidas presentadas no atacan las causas de fondo de la crisis socioambiental y, en algunos casos, podrían aumentar los riesgos sanitarios para la población. Los colectivos cuestionaron el segundo informe de gobierno del sector ambiental, presentado el 30 de septiembre por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, y el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, al considerar que las acciones anunciadas no conducen a una verdadera justicia socioambiental ni modifican el modelo de manejo de los recursos naturales y de relación con las comunidades. En un posicionamiento, las organizaciones señalaron que las medidas anunciadas por ambas dependencias “van en sentido contrario de los principios humanistas” que, de acuerdo con el propio gobierno, son su brújula de acción, y sostuvieron que profundizan los agravios de las zonas reconocidas como Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental. Entre las acciones cuestionadas se encuentra la denominada “inversión histórica” para el sector ambiental, que incluye más de 20 mil millones de pesos para el saneamiento de los ríos Lerma-Santiago, Tula y Atoyac, además de más de 80 mil millones de pesos para 17 proyectos estratégicos. 
Las organizaciones señalaron que el volumen de recursos anunciado no garantiza por sí mismo una solución a la crisis, pues, desde su perspectiva, las acciones no están acompañadas de un trabajo conjunto con las comunidades ni atienden las fuentes que han generado la devastación ambiental. También cuestionaron las más de mil 300 jornadas de limpieza de ríos, mares y costas presentadas como parte de la política ambiental federal, debido a que la exposición de personas a sedimentos, vegetación y agua contaminada puede representar un riesgo sanitario cuando no existen condiciones adecuadas de protección e información. Como ejemplo, recordaron las mediciones realizadas durante la visita a Tlaxcala del relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, en un tramo del río Atoyac. Te puede interesar: México acumula 50 “zonas de sacrificio” con alta contaminación; ONU advierte riesgos a la salud De acuerdo con los datos citados por los colectivos, en esa medición se detectaron concentraciones de benceno, cloruro de vinilo y clorobenceno por encima de los niveles de seguridad considerados de riesgo para las personas en 80, 45 y 401 por ciento, respectivamente. Para las organizaciones, estos resultados muestran que la contaminación de la CAA continúa representando un problema sanitario y cuestionan que la respuesta gubernamental contemple jornadas de limpieza en territorios donde persisten sustancias tóxicas. “Si en eso consiste la participación social en su política ambiental, lo mejor es que se detengan”, señalaron, al advertir que personas que acuden de buena fe a estas actividades podrían estar expuestas a contaminantes sin contar con información suficiente sobre los riesgos. La crítica también alcanzó la propuesta de “pago por servicios ambientales” presentada por Conagua como parte de un supuesto cambio de paradigma en la gestión de los recursos naturales. Los colectivos sostuvieron que este mecanismo no representa una transformación del modelo y consideraron que, “de facto”, implica una transacción económica por los recursos naturales sin modificar las condiciones que han generado la crisis ambiental. 
Las organizaciones recordaron que desde hace más de tres décadas han sostenido que “no hay justicia social sin justicia ambiental”, y cuestionaron que esta consigna forme ahora parte del discurso de la política ambiental federal mientras, según su postura, las comunidades continúan excluidas de las decisiones y no se atienden las causas de fondo de la contaminación. La Cuenca del Alto Atoyac comprende territorios de Puebla y Tlaxcala, donde la contaminación de ríos y otros cuerpos de agua ha generado reclamos históricos de comunidades y organizaciones por sus efectos ambientales y sanitarios. Ante este escenario, las 41 organizaciones exigieron a Semarnat y Conagua implementar medidas que permitan disminuir y eliminar la presencia de tóxicos industriales en la CAA y garantizar la protección de la salud de quienes habitan los territorios afectados. También demandaron detener la remoción y movimiento de sedimentos y vegetación en ríos, arroyos y lagos contaminados cuando no existan estudios que permitan determinar un manejo seguro de esos materiales, además de garantizar información suficiente a la población y medidas efectivas de protección sanitaria. |