Este miércoles, los legisladores del Congreso de Yucatán aprobaron por unanimidad la prohibición de las terapias de conversión. Con esto se podrá aplicar una pena de hasta tres años de cárcel para quien aplique u obligue a alguien a una terapia de conversión de su identidad y orientación sexual.

La iniciativa fue presentada por el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Felipe Cervera Hernández, e implica una reforma al Código Penal de la entidad.

Las sanciones podrían duplicarse si quienes intenten, instiguen, autoricen o apliquen terapias de conversión a menores de edad son los padres, madres, familiares, médicos, psiquiatras, psicólogos, terapistas, profesores o miembros de alguna iglesia.

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Pero ¿qué es una terapia de conversión?

Los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género (Ecosig) o también conocidas como "terapias de conversión" es un término que describe las prácticas pseudocientíficas y dañinas utilizadas para intentar alterar la expresión de género, la identidad de género o la orientación sexual de una persona.

Bajo este argumento se crearon centros clandestinos que operan con el fin de corregir o reprimir la orientación sexual y la identidad de género de las personas LGTBI+.

Estos lugares se caracterizan por acosar, amenazar y agredir a las personas del colectivo, recurriendo a métodos tan extremos como exorcismos, electroshocks o incluso violaciones correctivas con el fin de “curar su homosexualidad”.

Desde 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sacó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y, recientemente, también quitó de esta clasificación a la transexualidad. Sin embargo, en México todavía abundan grupos religiosos -católicos o evangelistas-, extremistas de derecha y hasta psicólogos que insisten en que es una patología que debe erradicarse.

Organismos internacionales como Naciones Unidas han insistido en que estas mal llamadas “terapias de conversión” no son efectivas y carecen de cualquier sustento científico. Sin embargo, el costo es muy alto para quienes las sufren, porque destruyen su autoestima y los orillan a la depresión, al consumo de sustancias tóxicas o a intentos de suicidio, entre otros riesgos.

En México, estas prácticas solo están prohibidas en la Ciudad de México, en el Estado de México, Baja California Sur y ahora Yucatán.