Tras las agresiones de dos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) contra migrantes en una carretera en Chiapas y los operativos para contener el paso de las caravanas, la ONU —y sus distintos organismos— pidieron al gobierno mexicano adoptar medidas cautelares para evitar el uso excesivo de la fuerza y garantías de no repetición.

La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) consideraron preocupante la actuación del personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional para contener el paso de migrantes en el sureste.

“El incremento de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional a lo largo de la frontera sur de México con el objetivo de realizar tareas de verificación y control migratorio debe respetar los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo”, apuntaron en un comunicado.

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Si bien reconocieron las primeras acciones del INM para suspender a personal de mando del instituto, a fin de indagar su desempeño en los hechos del fin de semana en Chiapas, consideraron que “en toda investigación se deben tomar en cuenta los informes sobre uso de la fuerza, protocolos de actuación, cadena de mando y las órdenes operativas bajo las cuales desplegaron a sus elementos”.

Expresaron su preocupación por el nivel de violencia alcanzado en la actuación de ambas instancias el pasado fin de semana contra migrantes, refugiados y solicitantes de asilo –incluidos menores de edad–, que salieron de los estándares de actuación permitidos internacionalmente.

Por ello hicieron un llamado a “la implementación de medidas inmediatas de prevención, de no repetición y rendición de cuentas”.

Alexander Taha, oficial de Soluciones Duraderas de la Acnur, expuso que en México se necesita un cambio de mentalidad para que la sociedad se adapte a que el país se está convirtiendo en un territorio de acogida de inmigrantes y refugiados.

El flujo migratorio aumentó en México desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, comenzaron a ingresar al país para llegar a Estados Unidos, por lo que el entonces presidente Donald Trump presionó a México para que los frenara.

Cuando el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca, suspendió el programa “Permanecer en México” de su antecesor que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar su audiencia desde territorio mexicano, miles de los cuales quedaron varados en campamentos fronterizos.

Con ello, el flujo migratorio volvió a repuntar de manera que Estados Unidos detuvo el pasado julio en su frontera sur a 212,672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años.